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Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

Durante la septuagésima sexta audiencia del proceso penal por la gestión de los fondos de la Santa Sede, en curso en el Vaticano desde el 27 de julio del 2021, enteramente dedicada a la intervención del abogado del acusado, Enrico Crasso, ex asesor financiero de la Secretaría de Estado, que continuará también mañana, se pidió asimismo "la puesta a cero de todo el juicio", porque se habría apartado de las reglas del debido proceso.

Así lo argumentó el abogado Luigi Panella, defensor de Crasso, en la introducción de las primeras cinco horas de su arenga. Panella reiteró las excepciones presentadas por la defensa al inicio de la vista, y rechazadas por el Tribunal presidido por Giuseppe Pignatone con el auto del 1 de marzo del 2022, que pidió revocar.

Rescripta del Papa y el Convenio de los derechos del hombre

El abogado de Crasso se refirió a lo que calificó de "incumplimiento" por parte del promotor en sus investigaciones de las indicaciones del artículo 6 del Convenio europeo de los derechos del hombre, "al que la Santa Sede se ha adherido al firmar el Convenio monetario con la Unión Europea", y a la cuestión de los Rescripta del Papa, solicitados por la Oficina del promotor directamente a Francisco, "que no son – según Panella – actos de derecho, ya que no están publicados en el Acta apostolicae sedis, y por lo tanto deben someterse a la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano y al Código de Derecho Canónico".

“Ustedes son hombres de derecho – comentó – y deben respetar y aplicar la ley”. Afirmando la plenitudo potestatis del Pontífice con sus Rescripta, para el abogado del acusado, “se estaría volviendo a Gregorio VII, el Papa de Canossa, al 1075 y al establecimiento de los Tribunales de la Inquisición”. Y permitiendo al promotor seleccionar a su antojo los documentos a entregar a la defensa, para el abogado del acusado, y llenándolos de omissis, “habría violado el Convenio europeo sobre los derechos del hombre”. “Éste – añadió – es un juicio histórico: seremos juzgados por lo que digamos y por lo que hagamos”.

Piden nueve años de cárcel para Crasso por veinte cargos

Pannella comenzó entonces a impugnar, uno por uno, los veinte cargos contra su cliente, y el de fraude, contra las empresas atribuibles a Crasso, desde HP Finance LLC hasta Prestige Family Office SA, pasando por Sogenel Capital Investment. Para el asesor financiero, que desde 1993 hasta el 2014 fue empleado de Prime Consult y luego de Credit Suisse, el promotor de justicia, Alessandro Diddi, solicitó en su escrito de acusación, una pena de nueve años y nueve meses de prisión más una multa de 18.000 euros por los delitos de blanqueo de capitales y auto blanqueo, fraude, malversación, abuso de funciones, cohecho, extorsión, falsificación material de un acto público cometido por un particular, falsificación en escritura privada y percepción indebida de desembolsos en perjuicio del Estado.

Por qué el asesor "no es funcionario público”

En doce de estas acusaciones, señaló el abogado, "Crasso se define como funcionario público, como consultor de la Secretaría de Estado para la gestión de los bienes". Pero en el auto de procesamiento del 30 de marzo del 2023, "se lo define, en cambio, como ajeno a la administración pública vaticana". El promotor de justicia, según Panella, "confunde la gestión de las inversiones de la Secretaría de Estado y la gestión del cliente Secretaría de Estado por cuenta de la sociedad Credit Suisse", que es lo que supuestamente hizo su cliente. Que "siempre ha sido remunerado por bancos y sociedades de inversión, no por la Secretaría de Estado".

De hecho, calificó de “malentendido” la supuesta afirmación de Crasso en la citación de haber sido remunerado por la Secretaría de Estado, “lo que nunca dijo”. El asesor financiero, según su abogado, se habría limitado a “comprobar que las inversiones del cliente Secretaría de Estado, eran compatibles con su clase de riesgo y, en todo caso, eran siempre de riesgo moderado”.

Así, lo que para la acusación son sobornos, para la defensa son sólo "honorarios" garantizados por los bancos por su actividad de introductor, ya que Crasso nunca recibió un mandato formal de asesoramiento financiero de la Santa Sede. Lo suyo fue sólo un asesoramiento "de facto", pero no "el ejercicio de un poder público".

Ingreso de Mincione en el Fondo Athena

Panella repasó a continuación los hechos en los que estaba implicado su cliente, empezando por la entrada de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena de Raffaele Mincione, otro de los acusados, primero para la explotación de petróleo en Angola y después para la compra del edificio de Sloane Avenue en Londres. El abogado defensor negó que Crasso conociera realmente los asuntos que luego se le atribuyeron en la acusación, negando especialmente las evidencias.

El abogado también argumentó, criticando la acusación de Diddi y las intervenciones de los abogados del demandante civil, que "es un absurdo anacrónico pensar que la Iglesia deba deshacerse de sus bienes, de sus inmuebles, para dárselos a los pobres: incluso según el Código de Derecho Canónico, la Iglesia puede poseer, gestionar y administrar sus bienes para alcanzar sus fines pastorales y de evangelización".

"El destino mismo de las ofrendas de los fieles – según Panella – puede ser el mantenimiento de la Sede Apostólica y del complejo de sus actividades, algo que se le escapó al promotor de justicia, que confundió el uso de los bienes con su administración".

Inversiones en fondos "incluso antes del cardenal Becciu"

El abogado de Crasso también afirmó que "es grave decir, como hizo la parte civil Secretaría de Estado, que gracias al cardenal Angelo Becciu (imputado en la causa, ndr.) los mercaderes han entrado en el Templo". Porque las inversiones realizadas por Crasso para el cliente de la Secretaría de Estado, incluso antes del nombramiento de Becciu como adjunto para asuntos generales, "eran similares, y no hubo ningún cambio en las estrategias de inversión. Se seguía invirtiendo en fondos internacionales".

Según el abogado, incluso el hecho de haber recurrido en el 2012 a la operación de crédito Lombard (que supuestamente iba a ser utilizada para buscar recursos para el proyecto petrolero en Angola, que luego acabó en cambio en el palacio londinense) “fue una muy buena solución para la Secretaría de Estado, que rindió 16 millones de libras esterlinas en plusvalías. Es absurdo considerarla un instrumento de alto riesgo y una operación escandalosa”, como la calificó el promotor de justicia.

Crasso y la operación del palacio de Londres

Por último, Panella analizó detalladamente la implicación de Crasso en la compra del edificio del 60 de Sloane Avenue en Londres, subrayando en primer lugar que su cliente, especialista en fondos de valores, "no tenía ni idea del valor de la propiedad, y no se lo puede acusar si la Secretaría de Estado decide pagar por ella no 58 sino 79 millones de libras esterlinas". E incluso en la valoración inflada de la reventa, Crasso no fue parte de "ningún acuerdo fraudulento".

Sobre la gestión de Mincione en el Fondo Athena, "tras informar de algunas cuestiones críticas, fue excluido de las reuniones". Sobre la cuestión de la salida de la Secretaría de Estado del Fondo Athena y la entrada del imputado Gianluigi Torzi en el Gutt, Panella declaró que su cliente no participó en el acuerdo sobre las mil acciones con derecho a voto, tratando de aportar pruebas. Y que nunca "dictó" el famoso memorándum de noviembre del 2018, solicitado por el nuevo sustituto, el arzobispo Edgar Peña Parra, al abogado Squillace, otro de los imputados.