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Barbara Castelli – Ciudad del Vaticano

Siete años y tres meses de prisión, más una multa de 10.329 euros e inhabilitación perpetua para cargo público. Es lo que pidió el Promotor de Justicia, Alessandro Diddi, en el sexto día de la acusación, para el cardenal Angelo Becciu, acusado en el juicio sobre las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres por abuso de funciones, malversación y soborno.

La 67ª audiencia de la causa penal Protocolo 45/19, en poco menos de una hora, marca así un "paso importante" en este largo recorrido del proceso, que se abrió el 27 de julio de 2021. Ninguno de los acusados estuvo presente en la sala polivalente de los Museos Vaticanos.

Sanciones solicitadas para los demás protagonistas del proceso

Para monseñor Mauro Carlino, acusado de extorsión y abuso de poder, se solicitaron cinco años y cuatro meses de prisión, además de inhabilitación perpetua y una multa de 8.000 euros.

Para Enrico Craso, considerado responsable por la Oficina del Promotor de blanqueo de capitales y autoblanqueo, fraude, malversación, abuso de funciones, cohecho, extorsión, percepción indebida de desembolsos en perjuicio del Estado, falsedad material en documento público cometida por un particular, falsedad en escritura privada y percepción indebida de desembolsos en perjuicio del Estado, se pidieron nueve años y nueve meses, además de inhabilitación perpetua y 18.000 euros de multa.

Para Tommaso Di Ruzza, abuso de funciones, abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a un cargo público, cuatro años y tres meses, más inhabilitación temporal y 9.600 euros; para Cecilia Marogna, malversación, cuatro años y ocho meses de prisión, inhabilitación perpetua para cargo público y multa de 10.329; para Raffaele Mincione, autoblanqueo, fraude, malversación, apropiación indebida de funciones, cohecho, once años y cinco meses, inhabilitación perpetua y 15.450 euros.

Para Nicola Squillace, blanqueo de capitales y autoblanqueo, fraude y malversación, seis años de prisión, suspensión del ejercicio profesional y multa de 12.500 euros; para Fabrizio Tirabassi, blanqueo de capitales y autoblanqueo, malversación, corrupción, fraude y extorsión, trece años y tres meses, inhabilitación perpetua y 18.750 euros; para Gianluigi Torzi, blanqueo de capitales y autoblanqueo, malversación, cohecho, fraude, malversación y extorsión, siete años y seis meses de prisión, inhabilitación perpetua y 9.000 euros; para René Brülhart, acusado de abuso de funciones, tres años y ocho meses de prisión, inhabilitación temporal y 10.239 euros de multa.

Todo ello además de varias confiscaciones, que ascienden a varios millones de euros; y las demandas presentadas contra las empresas implicadas: Logsic Humanitarne Dejavnosti; Prestige Family Office; Sogenel Capital Investment; HP Finance.

Los criterios de evaluación de la Oficina del Promotor

Antes de "disparar los números", como señaló el propio Alessandro Diddi, se ilustraron los criterios en los que se inspira la Oficina del Promotor para elaborar sus peticiones. En particular, se citó el Código Penal vigente en el Estado de la Ciudad del Vaticano, el llamado Zanardelli, que data de 1889 y que, sin embargo, no contiene "una metodología de tratamiento sancionador".

Así, se encontró un "principio inspirador" en el artículo 21 de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, promulgada por el Papa Francisco el 13 de mayo de 2023, que establece: "En la aplicación de la ley, el juez se guiará por el principio de equidad, trabajará por el restablecimiento de la justicia y favorecerá la conciliación entre las partes".

“En las causas penales, además, el juez impone la pena en función de la rehabilitación del delincuente, su reinserción y el restablecimiento del orden jurídico infringido”. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hasta ahora no se han hecho "ofertas de reparación del daño” – añadió el promotor de justicia – las demandas se han realizado "siempre hacia el extremo inferior de la horquilla" definida por el legislador.

Un nuevo comunicado de la defensa del cardenal Becciu

Tras la audiencia, la última antes de las vacaciones de verano, los abogados Maria Concetta Marzo y Fabio Viglione, defensores del cardenal Angelo Becciu, emitieron un comunicado de prensa.

"Las exigencias del Promotor de Justicia no tienen en cuenta los resultados del juicio – se lee entre otras cosas – que demostraron la absoluta inocencia del cardenal de la operación del edificio de Londres y de todos los demás cargos. "En cuanto a las exigencias del Promotor – añaden – ni siquiera un día sería una pena justa”.