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Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

En el juicio sobre el uso de fondos de la Secretaría de Estado, que se está celebrando en el Vaticano, han continuado las audiencias dedicadas a las intervenciones finales de los abogados defensores de los diez acusados. En la septuagésima segunda audiencia, intervinieron los dos abogados de Cecilia Marogna, la gestora de Cagliari acusada de malversación de fondos, por haber utilizado para gastos personales parte de los 575.000 euros recibidos, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, de la Secretaría de Estado. Fondos que le habrían sido abonados, a la cuenta de la empresa Logsic Humanitarne Dejavosti de Marogna, con sede en Eslovenia, para la liberación, según ella y el entonces cardenal sustituto Angelo Becciu, que se encuentra entre los acusados, de una monja franciscana colombiana secuestrada en Mali por yihadistas en 2017. La hermana Gloria Cecilia Navaes Goti sería posteriormente liberada de forma efectiva en octubre de 2021.

Se solicita la absolución "por no ser el hecho constitutivo de delito"

En poco menos de 35 minutos, los abogados Giuseppe Di Sera y luego Fiorino Ruggio impugnaron los cargos contra su cliente, pidiendo en última instancia su absolución 'porque el hecho no constituye delito'. Ruggio, encargado de las conclusiones, negó que hubiera habido malversación en la actuación de Marogna, en primer lugar porque el promotor de justicia Alessandro Diddi "no había aportado ninguna prueba" de los supuestos gastos en tiendas de moda y hoteles de lujo por valor de 69.000 euros. "Ningún extracto bancario, sino sólo una hoja excel publicada por el Jene, en una picota mediática que desaprobamos". A continuación, habló de un "engaño documental" para llevar a su cliente a juicio, porque no habría pruebas ni siquiera "de las transferencias de dinero entre Logsic y otra empresa".

La defensa: "no hubo malversación鈥�

No habría malversación, según los abogados de Marogna, definido como 'autodenominado analista geopolítico' por el promotor Diddi y presentado como experto en inteligencia por el cardenal Becciu, también porque según el código penal vaticano se trata de un delito atribuible sólo a un funcionario público. Pero "el gestor no estaba ni en el Vaticano ni en Italia", subrayó Ruggio. Marogna habría solicitado que se le levantara el secreto de Estado sobre su labor de intermediación para la liberación de la monja, primero a la OTAN y luego al Vaticano, sin recibir respuesta. A petición suya, el gobierno italiano habría hecho una declaración en su página web negando los vínculos entre Marogna y los servicios secretos italianos, para retirarla poco después.

Relaciones entre Marogna y el cardenal Becciu

Si entonces, añadió el abogado, "el promotor Diddi escribe explícitamente que Marogna era la 'mantenida' del cardenal, ¿dónde está la malversación?". Si alguien, dijo, "sacó dinero del presupuesto de la Secretaría de Estado para mantener a Marogna, por eso no se le puede acusar de malversación". El dinero llegaba a la cuenta bancaria de Logsic, regularmente. "Y luego nadie tomó ninguna medida para recuperar esos fondos", añadió, "ni Becciu ni el Secretario de Estado. Si efectivamente ese dinero se ha utilizado para fines distintos para los que fue concedido, habría que tomar medidas para recuperarlo, pero tampoco se ha procedido al embargo de los bienes adquiridos por Marogna". Por último, la gerente fue detenida en Italia "sin ninguna autorización internacional. Estuvo en prisión 17 días, cuando tenía en casa una hija de sólo 8 años. Y aún hoy, el GIP de Milán no le ha devuelto el teléfono móvil incautado".

Reiteración de las excepciones preliminares

En su primera intervención, el abogado Giuseppe Di Sera había repetido las excepciones preliminares, impugnando que hubiera un "juicio justo" y reiterando que la investigación sólo se había iniciado formalmente a partir de los informes Ior y Aif, pero en realidad a partir de las declaraciones de Francesca Chaouqui. El Presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone, le detuvo, recordándole que podía impugnar el auto que rechazaba las excepciones, pero no repetirlas. Di Sera también impugnó que el informe de la policía eslovena a la Nunciatura Apostólica hablara de fondos de la Secretaría de Estado en Suiza, que habían llegado a la cuenta de Logsic, mientras que la Nunciatura los había atribuido al Ior, "obviando así a la Secretaría de Estado, que en cambio debería ser objeto de la investigación". Por lo tanto, la apertura de la investigación, según los abogados de Marogna, sería ilegítima.

Controversia por no oír a los testigos

Por último, Di Sera se quejó de que no se escuchara a los testigos solicitados por la defensa, como el general Carta, de los servicios secretos italianos, o el propio cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado. Y también que la defensa no pudo consultar los 126 chats entre el promotor Diddi y Genoveffa Ciferri, amiga de monseñor Alberto Perlasca, testigo clave en el asunto. "Sin embargo, esta información confidencial -dijo- está siendo utilizada por el promotor de justicia en el proceso y es también en base a ella que se solicita la condena de Marogna y su empresa". Por lo tanto, sería, en su opinión, una "violación de los principios del debido proceso y una violación del derecho de defensa".

El promotor Diddi pidió 4 años y 9 meses de prisión

En sus demandas, el promotor Diddi pedía que Cecilia Marogna fuera condenada por malversación, con una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, inhabilitación perpetua para cargo público y multa de 10.329 euros. Para Logsic, una multa de 150.000 euros, tres años de inhabilitación para contratar con la administración pública y un decomiso de 174.210 euros. La próxima audiencia, el 19 de octubre por la mañana, estará dedicada a las intervenciones de los abogados defensores de Fabrizio Tirabassi, antiguo funcionario de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado.