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Barbara Castelli - Ciudad del Vaticano

"La acusación, como todos sabemos, es una hipótesis, y como tal hay que verificarla. Y debo decir que - en el caso de autos - la acusación se presenta bastante inconclusa en hecho e incluyente en derecho". Lo ha subrayado el abogado Filippo Dinacci, durante la septuagésima primera audiencia del proceso penal Protocolo 45/19. El abogado, junto con Ugo Dinacci, defiende la posición de René Brülhart, ex presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF). Sobre este último, así como sobre Tommaso di Ruzza, antiguo director de la misma institución, hay cuatro imputaciones, atribuibles al abuso de oficio. "Solicito la absolución en la vía principal porque el hecho no subsiste - ha dicho, a este propósito, el defensor - y de forma subsidiaria porque el hecho no constituye delito".

El principio de colaboración mutua 

Los dos abogados, en el transcurso de la mañana, han "repasado cronológicamente lo sucedido para devolver objetividad a los hechos", "hechos descuidados o no considerados adecuadamente", tratando de romper las acusaciones, según las cuales los vértices de la AIF, Hoy Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), en realidad no han favorecido la consumación de la extorsión al no intervenir para que Gianluigi Torzi obtenga una ventaja indebida. "Las Instituciones en el Vaticano - ha subrayado Filippo Dinacci, hablando también de "reconstrucciones documentalmente repudiadas" - tienen una obligación funcional de actuar con una unidad de intenciones; Por lo tanto, también tenemos una forma de paradoja de la acusación que cuestiona un abuso de poder bajo la premisa de que los funcionarios públicos acusados observarían ese deber de unidad operativa que es impuesto por la ley fundamental del Estado".

La "generosa petición de castigo" que se formuló contra René Brülhart, anteriormente vicepresidente del grupo Egmont, prosiguió el abogado, "se basa en la suposición" de que el mismo "intervino a petición de la Secretaria de Estado"; además del hecho de que "ninguna emergencia demuestra una relación con Torzi y ninguna emergencia testimonia una voluntad de favorecerlo". "El Vaticano - ha añadido Filippo Dinacci - sin el acusado, estaría todavía entre los países de alto riesgo de las finanzas", "no habría sido nunca despachada una transparencia financiera".

Cronología

René Brülhart, según la detallada crónica formulada por Ugo Dinacci, fue puesto en conocimiento de las "problemáticas" de Londres por monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el 7 de marzo de 2019, durante una audiencia, con referencia específica a la débil posición contractual de la institución, a la necesidad de no perder la propiedad del inmueble de Sloane Avenue, para evitar más daños financieros, y al riesgo de reputación. Desde el principio, se dijo, el acusado iniciaría "una actividad de inteligencia", exigiendo también toda la documentación necesaria para tener una visión completa del asunto, con el "fin de proporcionar el máximo apoyo a la Secretaria de Estado".Aunque no tiene "ningún poder de vigilancia" sobre la misma, ni mucho menos competencias sobre "eventuales denuncias por actividades sospechosas", el ex presidente de la AIF ha alertado, sin embargo, a las Unidades de Información Financiera (UIF) internacionales sobre el asunto del edificio de Londres, se puso en contacto con la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y se enfrentó al bufete de abogados Mishcon de Reya, que seguía el caso para la propia Secretaria de Estado. Aunque aconsejó a la parte que no procediera, al final, se observó, se decidió seguir adelante según una "línea extrajudicial".

La AIF siempre ha apoyado a la Secretaria de Estado

Roberto Borgoña y Angela Valente, en cambio, presentaron su perspectiva respecto a la posición de Tommaso Di Ruzza. A su vez, han remarcado la "pena severa" solicitada "por la gravedad de la contestación": una acusación considerada "inverosímil". "Quien conoce al doctor Di Ruzza - ha dicho el primer abogado - sabe que él ha dedicado su vida al servicio de la Santa Sede, y se ha dedicado de manera constante al desarrollo de la actividad de anti-lavado de dinero del AIF", además del hecho de que no hay pruebas que avalen "contactos e intercambios de cualquier tipo, mucho menos de naturaleza patrimonial, entre Di Ruzza y Torzi y Mincione".

Después de haber dado amplio espacio a la cuestión de la solicitud de la Secretaría de Estado al Instituto para las Obras de Religión de una financiación de 150 millones de euros para renegociar el oneroso préstamo que pesaba sobre el palacio londinense, los abogados han luego, en varias ocasiones, Recordó que la actuación de la AIF, al final, se insertó en el surco de las elecciones realizadas por los superiores y que otros sujetos podrían haber informado de lo que estaba sucediendo.