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Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

El proceso abierto en julio de dos años atrás sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede, reanudado tras la pausa estival y las peticiones de condena de los diez acusados formuladas por la Oficina del Promotor de Justicia, continúa con las intervenciones y peticiones de los abogados de las partes civiles. En la audiencia número 68, celebrada el 27 de septiembre por la tarde en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, ha intervenido durante más de cuatro horas el abogado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), Roberto Lipari. El defensor de los intereses del banco vaticano compartió sus exigencias de condena del promotor Alessandro Diddi, y pidió "la restitución de lo ilícitamente sustraído" a los fines del Papa, así como una indemnización por daños morales y reputacionales al IOR. Hoy será el turno del abogado de la Secretaría de Estado y el viernes 29 de septiembre el de la Apsa, mientras que quince audiencias, del 5 de octubre al 6 de diciembre, estarán dedicadas a las réplicas de la defensa de los acusados, según recordó el presidente del Tribunal vaticano, Giuseppe Pignatone.

Inversiones especulativas con los fondos IOR

El abogado del IOR comenzó, poco después de las 15.00 horas, subrayando que el escrito de acusación del promotor de justicia, que concluyó el 26 de julio con las peticiones de condena, "es una muestra muy eficaz de los hechos" objeto del juicio, y no es necesario añadir nada más. Recordó que el Instituto para las Obras de Religión (Instituto para las Obras de Religión), cuya denuncia ante el promotor de justicia, junto con la del auditor general, desencadenó la investigación sobre la compraventa del palacio londinense, se ha constituido parte civil por todos los cargos y para todos los acusados.

San Juan Pablo II y los deberes de quienes trabajan para la Santa Sede

Y para hacer entender el delito de peculado, imputado a cinco acusados, del que "se derivan los demás delitos", citó la Carta de San Juan Pablo II de noviembre de 1982 a su secretario de Estado, el cardenal Agostino Casaroli, sobre los deberes y el espíritu de servicio de los empleados de la Sede Apostólica. Para subrayar que no es el objetivo institucional de la Santa Sede la producción de bienes económicos y de ganancias. "Porque la base primaria de su sustento -concluyó el abogado- está constituida por las ofrendas. El Papa nos dice que "la Santa Sede vive de la caridad". Y cualquier inversión especulativa es, por tanto, incompatible con sus fines, máxime cuando las aportaciones de los fieles han de ser "utilizadas únicamente para los fines indicados por los oferentes". El peculado del que se trata en el proceso “ha ofendido a todos aquellos que hicieron sacrificios para donar estos fondos".

Los 600 millones de euros reservados por la Secretaría de Estado

Lipari recordó la cantidad de fondos a disposición de la Secretaría de Estado. Entre 2004 y 2020, el IOR le entregó contribuciones por casi 700 millones de euros, con pagos de unos 50 millones cada año: se trataba de aportaciones al Papa y para las necesidades de la Sede Apostólica. Así que para el abogado del IOR, "era el Papa el único sujeto legitimado para decidir el destino de esos fondos, con su expresa disposición. Y para las necesidades de la Iglesia, sus necesidades apremiantes, que ciertamente no eran la compra del palacio de Londre y otras especulaciones'. En el juicio, recordó el abogado, tanto monseñor Alberto Perlasca, ex director de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, y el auditor general, como testigos, y el cardenal Angelo Becciu, en el momento de los hechos adjunto para asuntos generales de la Secretaría de Estado, como acusado, "confirmaron que el Papa nunca dio ninguna indicación sobre el uso de esos fondos". Se trata del activo de más de 600 millones, explicó Lipari, que el cardenal Becciu dijo haber encontrado a su llegada a la Secretaría de Estado en 2012.

Sin control real sobre el uso de los fondos

Un patrimonio enorme, comentó el abogado de la parte demandante, sobre el que en 2012 no había ningún control, hasta el punto de que el cardenal, recordó Lipari, dijo que 'estábamos en una torre de marfil'. El mismo Becciu, al dejar la gestión a Perlasca, y a los acusados Fabrizio Tirabassi y Enrico Craso, que era el 'semáforo' que autorizaba las inversiones, pidió al financiero que evaluara la inversión del fondo Athena de 200 millones y 500 mil dólares. Inversión entonces realizada, sin ningún real control. Y sin pedir una evaluación al IOR, "el único organismo que puede evaluar si una inversión es compatible con el derecho canónico", subrayó el abogado del Instituto.

El IOR visto sólo "como un cajero automático"

Los acusados vinculados a la Secretaría de Estado para Lipari, desde monseñor Mauro Carlino hasta Tirabassi, "veían al IOR como un cajero automático, que siempre tenía que responder positivamente a sus peticiones". El abogado del Instituto puso como ejemplo la inversión, posterIORmente no realizada, en petróleo angoleño, cuando Tirabassi y Crasso pidieron financiación primero a Ubs y luego a Credit Suisse, pero no al IOR, "porque sabían que no se la concedería". Pero el primero de los dos bancos suizos renunció a la operación y a la inversión "porque era demasiado arriesgada, no alineada al perfil del inversor, la Santa Sede". Como no lo era tampoco la inversión, esta sí realizada, "en un fondo cerrado en el que todo el poder está en manos del gestor".

La evaluación de los delitos

A continuación, Lipari repasó primero el delito de corrupción y después el de estafa, citando como pruebas contra los acusados numerosos correos electrónicos, mensajes de whatsapp y actas que figuran en el expediente. Por último, el de extorsión contra el broker Gianluigi Torzi y el de abuso de oficio, delito imputado a todos los acusados vinculados a la Santa Sede, entre ellos Renè Brülhart, ex presidente de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) y el director Tommaso Di Ruzza. Para concluir, el abogado del Instituto para las Obras de Religión recordó que en este juicio "hemos visto el uso de instrumentos financieros en los que el administrador de los bienes eclesiásticos perdía toda posibilidad de control y el uso del dinero de la Iglesia sin ningún tipo de control y cuidado. Hemos visto a algunas personas pertenecientes a la Santa Sede simpatizar con los extorsionadores de la misma Santa Sede'. Y finalmente, 'hemos visto tergiversadas todas las indicaciones de la carta de San Juan Pablo II, por personas que han traicionado el mandato recibido de la Iglesia'.

Las demandas de indemnización del IOR

Al final de su intervención, el abogado Lipari ha pedido al Tribunal que condene a los acusados por todos los delitos imputados, y la restitución de las sumas ilícitamente sustraídas a la disponibilidad exclusiva del Santo Padre, para ser depositadas en el IOR. "La persona ofendida por la conducta de los querellados -según el abogado - es en primer lugar el Santo Padre", ya que se impidió la destinación al Papa de los 700 millones de euros erogados a lo largo de los años por el Instituto para los fines del Pontífice y reservados por la Secretaría de Estado. Y, por último, pidió la liquidación equitativa de los daños morales (múltiples) y de reputación sufridos por el Instituto para las Obras de Religión, estimados por un informe pericial en 987.494.000 euros.