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Una investigación compleja que ha visto entrelazarse varias líneas de investigación y un juicio complejo que se ha desarrollado en su totalidad en la audiencia (86 audiencias) no podía sino terminar con una sentencia igualmente compleja -presentada el martes 29 de octubre- que confirma las decisiones del Tribunal presidido por Giuseppe Pignatone, que en diciembre de 2023 condenó a casi todos los acusados por algunos delitos mientras que los absolvió por otros: El cardenal Giovanni Angelo Becciu y Raffaele Mincione habían sido declarados culpables de malversación de fondos; Enrico Craso por el delito de autoblanqueo; Gianluigi Torzi y Nicola Squillace por estafa agravada y Torzi también por extorsión en connivencia con Fabrizio Tirabassi, el propio Tirabassi por autoblanqueo. Becciu y Cecilia Marogna fueron declarados culpables de fraude con agravantes.

Salvaguardias para los acusados

La sentencia destaca en primer lugar las numerosas innovaciones legislativas introducidas en la legislación vaticana desde 2010 para adaptarse «a los modelos internacionales y a las mejores prácticas», dirigidas a una mayor transparencia interna, para evitar que «se cometan impunemente delitos» por parte de quienes operan en el Estado y en la Santa Sede. A continuación, el Tribunal responde punto por punto a las acusaciones de violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, explicando que «el ordenamiento jurídico vaticano reconoce el principio del debido proceso, el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa, que de hecho están expresamente previstos por la normativa vigente». El Tribunal, reza la sentencia, «en la convicción de que el contrainterrogatorio entre las partes es el mejor método para alcanzar la verdad procesal y también, en la medida de lo posible, para tratar de acercarse a la verdad sin adjetivos, ha tratado siempre, aprovechando los espacios que el marco legal vigente deja al intérprete, de adoptar interpretaciones y prácticas operativas que garantizaran la eficacia del contrainterrogatorio, asegurando el más amplio espacio a las partes, y en particular a la Defensa». También demuestra la legitimidad de la decisión del Promotor de Justicia de no depositar todos los mensajes de whatsapp a su disposición por estar relacionados con otras hipótesis delictivas y otras líneas de investigación.

Aclaración sobre la malversación y el papel de Perlasca

Otro pasaje significativo es el que aclara la naturaleza del delito de malversación, que existe aunque el acusado no se haya metido dinero en el bolsillo: el propio Tribunal de Casación italiano lo identifica en el caso en el que el administrador público «en lugar de invertir para los fines a los que estaban destinados los recursos financieros de los que dispone, los utiliza para adquirir, violando la ley y los estatutos, participaciones en fondos especulativos». Por lo tanto, el hecho de que no hubiera un interés personal y directo por parte de la persona que autorizó la apuesta de invertir una suma enorme en un fondo altamente especulativo, el delito se mantiene. El Tribunal también definió a monseñor Alberto Perlasca como poco fiable, calificando sus declaraciones de «carentes de relevancia probatoria independiente a los efectos del presente proceso», y basó su decisión «única y exclusivamente en aquellos hechos que han alcanzado la dignidad de prueba».

La inversión de 200 millones con Mincione

Una parte sustancial de la sentencia reconstruye en detalle la suscripción de la operación Falcon Oil y la suscripción por parte de la Secretaría de Estado de acciones del Athena Capital Commodities Fund y del Global Opportunities Fund (GOF) referidas a Raffaele Mincione con el pago de 200 millones de dólares (equivalentes a cerca de un tercio de los fondos de los que disponía la Secretaría de Estado), por lo que el propio Mincione, el cardenal Becciu, Crassso y Tirabassi fueron condenados por malversación. El delito se confirmó porque se puso de manifiesto «la voluntad de utilizar los bienes de forma contraria a los intereses» de la Santa Sede. «No se puede negar -se lee en los fundamentos de la sentencia- que el uso ilegal de los bienes de la Iglesia supuso una ventaja evidente y significativa para Mincione y sus asociados como consecuencia directa de la conducta ilegal» del cardenal Becciu, “por lo que carece de importancia que no tuviera intención de actuar con ánimo de lucro, ni que no obtuviera ventaja alguna”. De hecho, la normativa vigente exige una «administración prudente, orientada ante todo a la preservación del patrimonio, aun cuando pretenda incrementarlo, valorando las oportunidades de ganancia aunque se midan con una posible y en todo caso contenida posibilidad de pérdida». Por lo tanto, era necesario tener en cuenta el cociente de riesgo, el tamaño de los activos invertidos y la posibilidad de mantener cierto grado de control sobre la gestión, así como los costes de la operación. «A la luz de estos parámetros», la inversión en el fondo gestionado por Raffaele Mincione «constituye ciertamente una “utilización ilícita” de aquellos bienes públicos eclesiásticos de los que el entonces Sustituto Becciu tenía la disponibilidad por razón de su cargo y de los que conocía perfectamente la naturaleza y, en consecuencia, los correspondientes límites legales de utilización».

El papel del Sostituto Becciu

En la sentencia, se subraya que el «socio colectivo» Mincione no había asumido «ningún compromiso ni había dado ninguna garantía ni en cuanto a la rentabilidad de la inversión ni en cuanto al riesgo de pérdida de la totalidad del capital invertido» y «la Secretaría de Estado inversora no tenía ningún poder de control». Además, el Tribunal sostiene que no es en absoluto cierto que este uso temerario del dinero de la Santa Sede fuera avalado por los dos sucesivos cardenales secretarios de Estado (Tarcisio Bertone y Pietro Parolin). El cardenal Becciu, dice la sentencia, reconoció «que fue él quien propuso a la Oficina la Operación Angola sobre la base de su previo conocimiento y amistad con el empresario Mosquito», la operación que luego se convirtió en la inversión en el fondo de Mincione. Becciu se mostró muy interesado en la operación y se implicó personalmente, hasta el punto de que contactó directamente con Craso, algo que nunca antes había sucedido. El propio cardenal reconoció que «nunca antes se había confiado una suma tan importante a una sola persona». La sentencia también señalaba que «ciertamente no se le podía haber escapado a una persona de la experiencia y habilidades reconocidas al entonces Sustituto Becciu» quién era Mincione, ni por las informaciones de prensa ni por las recogidas por la Gendarmería vaticana, que había desaconsejado hacer negocios con él. «Sigue siendo entonces inexplicable que ninguno de los funcionarios públicos implicados en este grave asunto haya intentado al menos, una vez cerrada definitivamente la operación Falcon Oil, cerrar la relación con Mincione ”saliendo" del Fondo GOF».

La posición de Mincione

«Raffaele Mincione», afirma el Tribunal, «contribuyó de manera decisiva, con su conducta, a la comisión del delito de malversación examinado, del que fue, además, el mayor beneficiario». El financiero sabía que se le había confiado dinero de la Santa Sede y siempre se había comunicado directamente con la Secretaría de Estado y, por tanto, debía saber muy bien que tendría que responder por ello «según las normas del derecho vaticano». Además, «es difícil comprender por qué Raffaele Mincione, que -como empresario prudente- contó con la asistencia de equipos de profesionales del más alto nivel en todos los sectores implicados en la operación Falcon Oil - GOF, y en particular con bufetes de abogados especialmente expertos en derecho inglés, en derecho luxemburgués y en derecho de la Unión Europea, no consideró necesario hacer lo mismo con el derecho vaticano que, como él bien sabía, regula la actividad de la Entidad (Secretaría de Estado) que le pagó tan ingentes sumas». Por tanto, la supuesta ignorancia de la normativa vigente más allá del Tíber no es excusa.

Torzi y la compra del palacio de Londres

El otro gran nudo abordado por la sentencia es la segunda fase de la transacción londinense concluida en noviembre de 2018, que supuso la cesión por parte de Torzi a la Secretaría de Estado de 30.000 acciones (de un total de 31.000) de GUTT, es decir, de la sociedad que había adquirido el control e, indirectamente, la propiedad del palacio del 60 de Sloane Avenue. Las 1.000 acciones que le quedaban a Torzi eran, sin embargo, las únicas con derecho a voto y, por lo tanto, la Secretaría de Estado, a pesar de la venta de las acciones del GOF y del desembolso de 40 millones de libras, no había adquirido en absoluto el control del edificio, que pasó esencialmente de Raffaele Mincione a Gianluigi Torzi. Tras una detallada reconstrucción de los hechos y del papel concreto desempeñado por cada uno de los acusados, el Tribunal declara a Gianluigi Torzi y Nicola Squillace culpables del delito de estafa agravada. Se demuestra cómo el nuevo sustituto Edgar Peña Parra, que había expresado inmediatamente sus dudas sobre la operación, fue engañado y su ratificación de los acuerdos tomados por Perlasca y Tirabassi se produjo porque fue engañado por las seguridades recibidas del abogado Squillace. Este último, además, «actuó también como abogado de la propia Secretaría de Estado», convenciendo «a la cúpula del Dicasterio de que con los acuerdos de Londres se habían alcanzado los objetivos que se habían marcado, es decir, que la Secretaría de Estado era la única beneficiaria económica de GUTT y que, a través de GUTT, tenía un control sustancial de la propiedad». Lo que no es cierto en absoluto. Esta estafa agravada también está vinculada al delito de extorsión, lo que el Tribunal confirma citando «una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Casación italiano elaborada con referencia al concepto conocido, en la jerga jurídica, como “caballo de retorno”, que se produce cuando, habiendo sustraído un bien a su legítimo propietario, éste recibe una petición de dinero destinada a la devolución del mismo bien». Fue esta «salida ilícita la que obligó a la Secretaría de Estado» a pagar a Torzi «una contraprestación indebida constitutiva de un beneficio injusto». El tribunal también condenó a Fabrizio Tirabassi por el delito de extorsión, al considerar que había contribuido decisivamente a que Torzi lograra su objetivo.

El dinero a Marogna

Otro capítulo significativo se refiere a los 600.000 euros entregados a Cecilia Marogna a instancias de Becciu y siguiendo sus instrucciones. El objetivo era facilitar la liberación de una monja colombiana secuestrada en Mali, pero el dinero de la Secretaría de Estado fue gastado por Marogna en hoteles, ropa y muebles y artículos de lujo. La sentencia examina el asunto y lo divide en dos fases distintas: en la primera, Becciu y Marogna recurrieron a una agencia británica, Inkerman, especializada en casos de secuestro y rapto, «a la que la Secretaría de Estado abonó en dos plazos, entre febrero y abril de 2018, la suma total de 575.000 euros. En una segunda fase, de diciembre de 2018 a abril de 2019, se pagó en cambio una suma del mismo importe, mediante nueve transferencias bancarias, a una sociedad eslovena», LOGSIC, «constituida ad hoc el día inmediatamente anterior al primer pago, perteneciente y en posesión exclusiva de Cecilia Marogna». A la mujer, además, S.E. Becciu le había entregado también, en septiembre de 2019, cantidades en efectivo por importes inferiores (aproximadamente 14.000 euros)». En definitiva, mientras que los primeros pagos a Inkerman «estaban efectivamente destinados a una persona designada para llevar a cabo actividades de carácter humanitario», los aproximadamente 600.000 euros adicionales abonados a Marogna «se constató que no guardaban relación alguna con los fines mencionados», hasta el punto de que el cardenal Becciu nunca mencionó el nombre de Marogna a sus superiores. La sentencia reconstruye con detalle el intento del Cardenal de obtener una carta del Papa exonerándole, y también el clamoroso episodio de la llamada telefónica con el Papa nada más salir del hospital donde había sido operado, que Becciu y Maria Luisa Zambrano grabaron, compartiendo luego la grabación con otras personas. De los mensajes, que más tarde acabaron en una investigación de la Justicia italiana, se desprende que el cardenal continuó «manteniendo relaciones completamente amistosas, si no de verdadera familiaridad» e incluso se reunió con Marogna, después de haber «madurado la plena y definitiva conciencia del modo completamente ilegítimo» en que la mujer había utilizado las sumas pagadas por la Secretaría de Estado a Logsic (definida en la sentencia como una «caja vacía» que «no existe»). De los mensajes se desprende que Marogna también mantiene «relaciones más que cordiales con otros familiares de la acusada». Y se señala que Becciu no presentó ninguna queja, denuncia o querella contra Marogna, a pesar de saber cómo había utilizado dinero de la Santa Sede.

La cooperativa del hermano

Por último, la sentencia examina el capítulo de los fondos entregados por la Secretaría de Estado a la cooperativa del hermano de Becciu, Antonino, confirmando que se trató de malversación no porque el dinero se utilizara para fines distintos a los caritativos o alguien se lo embolsara indebidamente, sino simplemente porque tanto el artículo 176 del Código Penal Vaticano como el canon 1298 en el ámbito canónico establecen que «a no ser que se trate de un asunto de la menor importancia, los bienes eclesiásticos no deben ser vendidos o arrendados a sus administradores o a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad sin una licencia especial dada por escrito por la autoridad competente». Y el pago efectuado por la Secretaría de Estado con Becciu Sustituto a la cooperativa administrada por sus parientes tuvo lugar «sin ninguna autorización escrita» de la autoridad competente.