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Salvatore Cernuzio - Londres

La Santa Sede fue "víctima de un grave fraude" en la compraventa del edificio de Londres. Tres veces lo reiteró el sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, en su tercer y último interrogatorio en la Corte Real de Justicia de la capital británica, en el marco del juicio civil sobre la operación inmobiliaria de Sloane Avenue, en curso hasta el 18 de julio.

Fue una audiencia caracterizada por un clima de mayor tensión que las anteriores e intercambios a veces poco serenos, sobre todo por parte del abogado Charles Samek, defensor del financiero Raffaele Mincione (condenado en primera instancia por el Tribunal vaticano en diciembre de 2023), cuya demanda hace cuatro años dio inicio al proceso, destinado sobre todo a demostrar su "buena fe" en las negociaciones con la Secretaría de Estado.

Acusaciones

El nombre de Mincione, sin embargo, no se mencionó hasta una hora y media después del inicio de la sesión. Como en las audiencias de los días 4 y 5 de julio, las transacciones con el corredor Gianluigi Torzi, y en particular el pago por la Santa Sede de 15 millones de euros para recuperar el control de una de sus propiedades, ocuparon gran parte de las preguntas del abogado Samek. Éste, al final de la audiencia, enumeró 20 proposiciones contrarias a las posiciones de la Santa Sede, que Peña Parra negó con contundencia. Entre ellas, la afirmación de que el sustituto habría facilitado información parcial e incoherente al Papa en una nota informativa en la que se mencionaba, entre otras cosas, el asunto de Londres.

El memorándum al Papa

Un punto -sobre el que el sustituto ya había respondido el jueves- rebatido por un documento aportado al inicio de la comparecencia por el defensor de la Secretaría de Estado, Samar Abbas Kazmi. Se trata de una "nota" fechada el 2 de mayo de 2019 en la que Peña Parra, que había asumido su nuevo cargo siete meses antes, reconstruía todo el asunto de Londres al Papa. Así también el asunto del pago a Torzi, certificado con facturas que indicaban servicios del intermediario que en realidad no fueron realizados, tras presiones de este último. Torzi, dijo monseñor Peña Parra en la sala, amenazó con revender el edificio. Así lo demostraba, por ejemplo, "el panfleto" que llegó a las oficinas de la Secretaría de Estado "una semana antes del inicio del momento final", en el que se decía "abiertamente que la intención era vender el edificio".

Omisiones y mentiras

"El señor Torzi sólo quería hacer lo que le daba la gana", dijo el sustituto. Y lo hizo amparándose en las mil acciones con derecho a voto adquiridas con un contrato de compraventa de acciones, el suscrito en su despacho de Londres en noviembre de 2018 en presencia de dos funcionarios de la Secretaría de Estado, firmado "sin autorización" por el entonces jefe de la Oficina Administrativa, monseñor Alberto Perlasca, y ratificado por Peña Parra tras las garantías recibidas del que le habían presentado como "nuestro abogado", Nicola Squillace (condenado en primera instancia): "Me mandó un monumento de mentiras".  

Torzi, por su parte, "después de enviar aquella factura falsa" (sobre supuestos servicios de gestión inmobiliaria) "no tuvo prácticamente ningún o muy poco contacto" con la Santa Sede, remarcó el sustituto, subrayando que Torzi solía comportarse de esta manera. Ya meses antes, recordó, "en mi despacho" había apartado del consejo de administración del Fondo Gutt a Fabrizio Tirabassi, antiguo funcionario de la Oficina Administrativa (condenado en primera instancia), el único que hasta entonces representaba a la Santa Sede.

Negociaciones con Torzi

El argumento del abogado Samek, que había esgrimido todo el tiempo, era que existía un acuerdo con Torzi. "Se pasaron meses de negociaciones con una persona que tenía sus propias razones para creer fraudulentas", dijo. "Pagó a la misma persona 15 millones cuando ella y Pope acordaron pagar 1 ó 2 millones", dijo al sustituto, refiriéndose a una cifra inicial destinada a poner fin a toda relación con el corredor.

Según Samek, además, con el acuerdo de noviembre de 2018 en Londres (acuerdo marco) se había cerrado toda relación con Mincione y sus empresas. Entonces, ¿dónde estaría la tan cacareada "conspiración" entre Torzi y su cliente? Entre varios puntos, Peña Parra mencionó uno en particular, a saber, el hecho de que la esposa de Mincione seguía utilizando una oficina del edificio, que ya había sido entregada a Torzi, para sus propios negocios ("o alguien más la utilizaba para ella"), sin pagar alquiler alguno.

Las charlas con monseñor Carlino

El barrister (así se llama a los abogados que presentan la acusación ante el tribunal) insistió en que se proyectaran en las pantallas de los ordenadores de la pequeña sala 19 todos los chats entre el corredor y el entonces secretario del sustituto, monseñor Mauro Carlino, el único absuelto entre los diez acusados en el proceso vaticano, y que luego se leyeran durante unos 15 minutos seguidos. Para Samek, esos mensajes de WhatsApp prueban que "su secretario estaba en contacto con Torzi para la elaboración de una factura falsa". Exactamente lo contrario, rebate Peña Parra, según el cual las insistentes respuestas de Torzi son una prueba clara de lo que los jueces vaticanos calificaron de 'extorsión'. "La voluntad de Torzi era poner esas actividades falsas porque no había hecho nada por nosotros".

Las actividades del corredor

"No estoy de acuerdo en nada.  Esta es su versión de las cosas", volvió a decir el testigo Peña Parra. "Rechazamos esa factura y las actividades que Torzi decía que hacía para nosotros, por eso dije claramente a mi equipo que mi carta no era una factura. No dije ninguna mentira", ha afirmado, subrayando que su indicación al Credit Suisse para el desembolso de la transferencia de 5 millones era "la liquidación total y definitiva de todas nuestras obligaciones contractuales". Sin embargo, en los anexos de este correo electrónico a Credit Suisse se indicaban otros motivos, entre ellos los servicios prestados por Torzi para propiedades en otras ciudades.

Preguntas y respuestas

En un sistema distinto al italiano, con preguntas basadas en fechas, números y documentos transmitidos inmediatamente en ordenadores y que deben ser encuadrados de inmediato, Peña Parra partía a veces de lejos en sus respuestas para ofrecer "contexto" al Tribunal. "Esta no es la ocasión para hacer discursos..., es distraer de la pregunta", le interrumpió el letrado, llegando incluso a cuestionar el diferente uso en algunos documentos de "Santo Padre" y "Santidad". A él mismo, el juez Robin Knowles le recordó que hiciera preguntas más cortas y centradas o que no insistiera en puntos que el testigo ya había contestado o de los que no tenía conocimiento. Como los 200 millones pagados en 2014 a la Sicav (la empresa de vehículos rastreable a la de Mincione) en Luxemburgo. 'Yo no estaba en el Vaticano', respondió lacónicamente el sustituto, 'llevaba una vida feliz en Mozambique'.