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Barbara Castelli - Ciudad del Vaticano

"Es un hecho incontrovertible que el Secretario de Estado gestionaba reservas patrimoniales muy importantes, y esto incluso antes de la llegada de Monseñor Becciu. Y lo hacía a través de inversiones financieras, incluso complejas, que eran confiadas a bancos italianos, bancos extranjeros, personas experimentadas. Por tanto, los mercaderes del templo, si se puede hablar de mercaderes, ya estaban allí desde hacía mucho tiempo". Este es uno de los pasajes de las reflexiones formuladas hoy por el abogado Claudio Urciuoli, antes de pedir la absolución, para todos los cargos, porque el hecho no existe o no constituye delito, para Raffaele Mincione, acusado de estafa agravada, malversación y malversación agravada, abuso de funciones agravado, apropiación indebida agravada, autolavado y corrupción agravada. La 82ª audiencia del juicio sobre las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres, de hecho, estuvo dedicada a las conclusiones de los abogados defensores del financiero, para quien la Fiscalía pedía 11 años y 5 meses de prisión, inhabilitación perpetua para cargo público y una multa de 15.450 euros. En la sala polivalente de los Museos Vaticanos estaban acusados, además de él, Enrico Craso y Fabrizio Tirabassi.

Error de perspectiva y las cuatro piedras angulares del juicio

Los abogados repasaron los hechos y documentos del asunto vinculado al conocido palacio londinense, deplorando, aunque hecho "de buena fe", el "error de perspectiva" cometido por el Promotor de Justicia. "En lugar de mirar a la Secretaría de Estado desde fuera", aclaró, "es decir, desde el punto de vista del mundo financiero regulado, desde el punto de vista de Raffaele Mincione, se presumió y asumió que Raffaele Mincione tenía no sólo la posibilidad sino también la obligación de neutralizar las categorías financieras legales, internacionales, en favor de las que la Oficina del Promotor de Justicia había identificado en la ley vigente en el Estado de la Ciudad del Vaticano". "De este defecto genético, de este defecto de perspectiva", añadió, "se han derivado una serie de consecuencias desastrosas y claramente incomprensibles para la posición del demandado. El concepto de propensión al riesgo, que es una característica intrínseca de cualquier tipo de inversión, se convirtió en una especulación, y todo se construyó sobre este concepto'.

Claudio Urciuoli, entre otras cosas, se centró en lo que -en su opinión- son las piedras angulares sobre las que se asentó todo el proceso. En primer lugar, la figura de monseñor Alberto Perlasca, el "testigo clave", por el que incluso la Oficina del Promotor "tuvo que levantar las manos ante una situación contradictoria". El Óbolo de San Pedro, "dintel pop y mediático de este proceso": "Las donaciones caritativas de los fieles de todo el mundo dilapidadas desafiando cualquier tensión ética". "En este tema", insistió, "debo decir que hemos asistido a un vuelco total". Y una tercera piedra angular: la Constitución Apostólica Pastor Bonus, "según la cual la Secretaría de Estado no tenía facultades jurídicas para administrar sus propias reservas". "Esto parecía tan absurdo", dijo, "que las mismas acusaciones de parte se apresuraron a repudiar esta posición". Y por último, "la parte más surrealista", Luciano Capaldo, presentado como "el maxi-consultor, el salvador de la patria", "que vino a decirnos que la cifra de 275 millones de libras era una cifra fuera de toda lógica de mercado", el hombre al que "hay que atribuir la paternidad de haber abandonado el desarrollo residencial y la conversión del inmueble de Sloane Avenue en oficinas". "La Secretaría de Estado, al deshacerse de la propiedad de una manera tan irrazonablemente precipitada", continuó, "realizó una venta con pérdidas. La historia se encargará de juzgar este hecho: ¿saben cuándo? Cuando Bain Capital revenda la propiedad y veamos cuánto saca de ella". El abogado evocó también la figura de Enrico Craso, que "ciertamente no podía ser un funcionario público"; la del broker Ivan Simetovic y las comisiones de Aspigam International; la de Gianluigi Torzi, "un interlocutor elegido por la Secretaría de Estado" y no por el acusado; hasta recordar a otras personas que podrían haber sido citadas, pero que, sin embargo, no están procesadas.

Fraudes y artificios  

En la segunda parte de la mañana intervino también la abogada Ester Molinaro, que se centró en el fraude, "un delito muerto, fenecido, no durante el juicio, sino ya durante la investigación". "Las tasaciones realizadas sobre el valor de la propiedad", remarcó, recordando asimismo que la adhesión a las participaciones del fondo se hizo con financiación y "no estafando al Obolo di San Pietro", "son creíbles, fiables, sólo hay que entender los criterios de cálculo, donde se llevan a los extremos las dos categorías: el criterio de cálculo para los bienes inmóviles, estáticos, inmuebles y el de los proyectos. Son criterios diametralmente opuestos". La Secretaria de Estado", concluyó, "no compró un bien, sino que decidió participar en un proyecto, que estaba encerrado en un fondo", el Athena Capital Global Opportunities (Gof).

El 6 de diciembre concluirán las intervenciones de los abogados defensores del cardenal Angelo Becciu y Fabrizio Tirabassi. A finales de la próxima semana, una vez concluidas las réplicas, debería leerse la sentencia.