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Barbara Castelli - Ciudad del Vaticano

 "Sólo hay una manera de ver las cosas y es verlas en su integridad": "para reconstruir correctamente un asunto, hay que confrontar todas las pruebas, todos los elementos". El promotor de Justicia, en cambio, "sobre la base de cuatro piedras, seleccionadas por él, y descartando cuidadosamente todas las piedras probatorias que no encajaban, ha construido un castillo hermoso pero totalmente inventado". Así se expresó el abogado Mario Zanchetti, defensor de Gianluigi Torzi, junto con Marco Franco, durante la septuagésima novena audiencia del juicio sobre las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres. En la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, entre los acusados se encontraban Enrico Craso y Fabrizio Tirabassi. La audiencia de este martes fue la continuación de la celebrada el pasado 8 de noviembre, durante la cual el abogado Matteo Santamaria había introducido algunas de las cuestiones de defensa del broker de Molise, para quien Alessandro Diddi solicitaba 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua para cargo público y una multa de 9.000 euros.

El juego de las partes

Otra dificultad de este juicio, además de la del volumen del material probatorio, remarcó el abogado que intervino en primer lugar durante la audiencia, es que "nos hemos encontrado ante la inutilidad sustancial de la investigación": "Casi todas las audiencias dedicadas a escuchar a los testigos de la acusación hay que tirarlas a la papelera, porque casi todos los testigos de la acusación, públicos o privados, vinieron aquí y, bajo juramento, nos dijeron cosas que claramente no eran ciertas". Y han dicho cosas que no son ciertas no por casualidad", continuó, citando, entre otros, a Giuseppe Maria Milanese, Monseñor Alberto Perlasca, Luca Dal Fabbro, Luciano Capaldo - "no porque sean mentirosos seriales, sino porque todos ellos eran personas que tenían un papel en la obra, y que vinieron a esta sala a defender su papel, no la verdad".

El justo proceso y los derechos humanos

El abogado Mario Zanchetti, enumerando los cargos, esbozados y declinados también a través del horizonte jurídico de otras naciones, se refirió luego nuevamente a la orden del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano del 1 de marzo de 2022, pidiendo que sea revisada, especialmente a la luz del artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre el derecho a la libertad y a la seguridad. "Este dictamen no puede permanecer privado", dijo el abogado, recordando "las interminables intervenciones de los pontífices anteriores sobre el justo proceso", "cualquier medida sancionadora que adopte este colegio será luego analizada por los jueces de otros países, que evaluarán si el Estado de la Ciudad del Vaticano respeta los principios de la Convención de Derechos del hombre".

La "buena fe" de Gianluigi Torzi

Una vez más, en el aula, se acumularon chats y documentos de diversa índole que -en palabras de los abogados defensores- esbozan una perspectiva diferente, en relación a las verdaderas intenciones de Gianluigi Torzi, propietario de la sociedad luxemburguesa Gutt Sa, con la Secretaría de Estado; a las relaciones con Raffaele Mincione, también y sobre todo en relación al asunto de la Banca Carige; o a las supuestas dificultades económicas en las que se encontraba el acusado. 'Si las cosas no son ciertas', insistió el abogado Marco Franco, 'tienen una explicación alternativa': no hubo 'ninguna conspiración misteriosa de Torzi y Mincione', se 'quería cambiar el título de la inversión y tener más garantías' y 'se consideraba que Torzi era la persona adecuada'.

El abogado repasó repetidamente los documentos que caracterizan el asunto de la propiedad londinense de Sloane Avenue, que inicialmente pertenecía al fondo Athena Capital Global Opportunities Fund, del financiero Raffaele Mincione, y luego pasó a Gutt Sa, de Gianluigi Torzi, que poseía las mil acciones con derecho a voto. 'Es imposible argumentar que de esas mil acciones no se entendía que Torzi las tenía con derecho a voto mientras que los demás no', dijo Marco Franco, 'ya está escrito en el Framework Agreement, esto estaba escrito por todas partes'. De un chat del acusado del 23 de noviembre, inmediatamente después de las negociaciones de Londres, 'a cosas hechas', 'queda claro que Torzi no sabía de antemano lo de las mil acciones' y se ve la 'buena fe' de Torzi. El abogado ha instado muchas veces a 'no razonar a posteriori', 'sino a leer los papeles completos'. Monseñor Edgar Peña Parra, adjunto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, ha añadido que "siempre estuvo informado" de todo lo que ocurría en la gestión, como demuestran los informes periódicos: "Torzi siempre ha cuidado el edificio" y "no hay un solo documento que demuestre que Torzi no tenía voluntad de devolver las acciones". Sólo se habló de una "compensación justa". Las 1.000 acciones, se explicó, tenían un valor total

Solicitada la absolución de Torzi

Por último, el abogado Marco Franco habló largo y tendido sobre Luciano Capaldo, describiéndolo como 'un personaje verdaderamente inquietante'. El hombre, según el abogado, es responsable de la 'demolición de la imagen de Torzi', implementada para 'meter mano en los asuntos de la Secretaría de Estado', con la complicidad de Luca Dal Fabbro y Fabrizio Tirabassi. En conclusión, se solicitó la 'absolución por inexistencia de los delitos' y la 'restitución de los bienes confiscados'. El 22 de noviembre tomarán la palabra los abogados defensores del cardenal Angelo Becciu, Maria Concetta Marzo y Fabio Viglione.de 10 millones de euros, y los 5 millones eran el "lucro cesante" previsto.