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Barbara Castelli - Ciudad del Vaticano

Las circunstancias en las que el director general del Instituto para las Obras de Religión negó la financiación a la Secretaría de Estado, "una petición en la oscuridad", y las posteriores intenciones de controlar a Gian Franco Mammì, intentando incluso implicar a la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este es uno de los episodios recordados por el promotor de justicia, Alessandro Diddi, para esbozar las responsabilidades de las que se acusa a monseñor Mauro Carlino: extorsión agravada y abuso de funciones. La sexagésima quinta audiencia del proceso sobre las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres, de hecho, tuvo como protagonista al ex secretario particular del sustituto para los asuntos generales, primero del cardenal Angelo Becciu y luego del arzobispo Edgar Peña Parra. En la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, entre los acusados, se encontraba Fabrizio Tirabassi.

Se revisaron los cargos de la acusación

Durante el cuarto día de la comparecencia, Alessandro Diddi habló de una auténtica "paradoja", con un "plan oficial, representado en los papeles", y otro "subyacente", "un plan de realidades paralelo compuesto por correos electrónicos, chats y conversaciones". Monseñor Mauro Carlino era "un funcionario público oficial", remarcó, y "tenía el deber de llamar a la autoridad judicial": "esos 15 millones podían ser bloqueados". El sacerdote de Lecce, por tanto, según se desprende de las investigaciones realizadas, aun repitiendo 'de forma obsesiva' que siempre había actuado según 'obediencia, lealtad y confidencialidad', en realidad habría 'contribuido a una extorsión'.

En su discurso, el promotor de justicia también se detuvo en el delito de publicación de documentos secretos, del que parece haber sido responsable Tommaso Di Ruzza, ex director de la entonces Autoridad de Información Financiera, hoy Autoridad de Supervisión e Información Financiera. La referencia es a las anticipaciones que salieron en el diario italiano L'Espresso.

El promotor de justicia Gianluca Perone, por su parte, se ocupó de las aclaraciones relativas a una serie de cargos que penden sobre Enrico Craso, en sus actividades de gestión y asesoramiento financiero para la Secretaría de Estado: estafa, estafa agravada y falso material en acto público cometido por un particular. El abogado Roberto Zannotti se centró en otros delitos, relacionados con otros imputados, como blanqueo de capitales, autoblanqueo y malversación agravada.