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Salvatore Cernuzio 鈥� Ciudad del Vaticano

Los treinta y nueve anexos (que suman 545 páginas, incluidas las notas de audio) que el ex Revisor general, Libero Milone, y su colaborador Ferruccio Panicco, presentaron el 18 de enero en la Cancillería del Tribunal Vaticano en la causa civil abierta contra la Secretaría de Estado y la oficina del Revisor general serían presuntos documentos "falsificados" o "robados".

Evidencian este dato los abogados defensores durante la primera audiencia del juicio que se celebró ayer y que afecta a los dos exauditores vaticanos que presentaron su dimisión en junio de 2017 después de que Milone, extralimitándose en sus funciones, hubiera "encargado ilegalmente a una empresa externa investigaciones sobre la vida privada de miembros de la Santa Sede". Ahora reclaman una indemnización de más de 9 millones de euros por lo que califican de "despido" por parte del Vaticano, que, a través de sus investigadores, lleva investigando al propio Milone por malversación de fondos desde la pasada primavera.

Los cargos

En la citación leída durante la audiencia preliminar de ayer, que duró desde las 16.55 hasta las 18.20 horas y estuvo dedicada por entero a las excepciones procesales, Milone y Panicco 鈥� ambos ausentes y representados por el abogado Giovanni Merla 鈥� afirman que esas dimisiones fueron "extorsionadas", también como consecuencia de la "violencia psicológica" recibida durante el interrogatorio por parte de un miembro de la Gendarmería vaticana en medio de "gritos e intimidaciones".

Como ya había informado la prensa en noviembre de 2022, habían demandado a la Secretaría de Estado, en la persona del cardenal Pietro Parolin, y a la Oficina del Revisor general, ahora dirigida por Alessandro Cassinis, exigiendo una indemnización de 9.278.000 euros "con la intención de esclarecer lo que nos ha sucedido y obtener una justa compensación por los daños sufridos".

Entre estos figuran el incumplimiento de las normas, el daño a su imagen profesional y la imposibilidad de encontrar trabajo debido al carácter calumnioso de su destitución. Y también la suspensión del tratamiento contra el cáncer de Panicco por la pérdida de informes médicos, tras el registro de su despacho en el Vaticano por la Gendarmería.

Las defensas

Todas estas son acusaciones que los abogados de los dos Dicasterios, Enrico Gabrielli por la Oficina del Revisor y Maria Pitrella por la Secretaría de Estado, han objetado punto por punto, declarando que la citación era inadmisible y que el caso era inadmisible por varias razones.

En primer lugar, la presentación tardía de la documentación, luego la vaguedad de los motivos de las reclamaciones, la falta de jurisdicción debido a que el caso es contra la Secretaría de Estado con la que los dos demandantes en el caso no tenían ninguna relación laboral (Milone estaba bajo contrato con el Consejo de la Economía, Panicco con la Oficina del Revisor) y que por, lo tanto, el recurso debería haber sido presentado a la Ulsa (la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica). De hecho, el abogado Pitrella pidió que "se excluya a la Secretaría de Estado de la presente sentencia". Todas las defensas apelaron principalmente a la prescripción, ya que habían transcurrido más de cinco años desde los hechos.

Dudas sobre la documentación

A todo esto se suma el hecho de que, como señaló el abogado Gabrielli, defensor del interventor, "el 18 de enero se presentaron documentos que nunca se habían visto ni oído antes. La Oficina no ha podido proceder a un examen preciso de cada documento, sino únicamente a una evaluación sumaria".

Y de esta evaluación sumaria, dijo el abogado, "se desprendía que de los 39 documentos presentados, sólo unos pocos formaban parte y podían encontrarse en la Oficina del Revisor general". Sólo se encontrarían dos de los enumerados: "Todos los demás no están presentes en la Oficina a pesar de estar acreditados en ella. Existe la presunción fundada de que la documentación no sea auténtica". Por ello, la Oficina del Revisor general "desautoriza" estos documentos y pide al Promotor de Justicia que investigue "si existe notizia criminis".

La intervención del promotor

De hecho, en la sala estaba presente el promotor de Justicia, Alessandro Diddi, que habló de una "hipótesis de apropiación indebida de documentos públicos". Diddi justificó la presencia del promotor en un juicio civil por razones de "interés público", es decir, la solicitud de una indemnización "a cargo de dos Dicasterios regulados según las normas del derecho público" y la solicitud de publicación de una "sentencia condenatoria que debe afectar a organismos del Estado".

"Mi oficina tiene el deber de intervenir para proteger el interés público", dijo Diddi, impugnando el hecho de que, entre otras cosas, tanto Milone como Panicco afirmaran haber dimitido por haber sido intimidados por un gendarme: "Si esto es cierto, se trata de una acción unilateral de un funcionario de la policía judicial... Cuántas veces ocurre en Italia que los carabinieri realizan actividades ilegales y no es el presidente de la República el responsable de ello".

Conclusión del presidente Pignatone

Al comienzo de la audiencia, el abogado Merla pidió un aplazamiento "congruo" del juicio debido a la falta de autorización para ejercer en el Vaticano concedida al otro abogado, el profesor Romano Vaccarella. Todos los abogados se opusieron a la petición. En conclusión, el presidente Giuseppe Pignatone dijo que el Tribunal Vaticano se reserva el derecho de decidir sin fijar nuevas audiencias. "El Tribunal estudiará los papeles con la máxima atención 鈥� aseguró 鈥� pero no hay espacio para ulteriores términos ni presentaciones".