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Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Después de siete meses y un día, la "parte A" -como la llamó el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone- del juicio en el Vaticano por presuntos delitos relacionados con los fondos de la Secretaría de Estado, llega a su fin. Es decir, toda la parte dedicada a los debates preliminares entre la fiscalía y la defensa, que han ocupado ocho audiencias desde el 27 de julio. El 1 de marzo, el proceso judicial alcanzará su primer peldaño con la lectura de la resolución que decide sobre las excepciones de nulidad invocadas por la defensa. En función de la decisión, el "verdadero juicio" comenzará, como dijo Pignatone, con los interrogatorios de los diez acusados. De ellos, sólo el cardenal Giovanni Angelo Becciu estuvo presente en la sesión de hoy, de tres horas y veinte minutos de duración, en la sala polivalente de los Museos Vaticanos. Se dedicó un amplio espacio en la audiencia a la respuesta del promotor de justicia adjunto, Alessandro Diddi, que contestó a todas las excepciones de nulidad formuladas hasta el momento.

Réplica del promotor de justicia 

Tras afirmar que estaba "asombrado" por las preguntas planteadas, Diddi dijo que muchas de las excepciones presentadas le parecían "un intento de aprovechar el momento de las preguntas preliminares para enviar otros mensajes y desviar la atención de lo que pretendemos hacer en este juicio". Y eso es para restablecer la verdad sobre los eventos en Londres. En este sentido, el promotor proporcionó una estimación actualizada, basada en el último análisis de auditoría, de la pérdida sufrida por la Santa Sede con la compra del edificio de Sloane Avenue: 217 millones de euros. 

"Queremos ir a juicio", dijo el abogado, "nos gustaría enfrentarnos a la defensa y preguntarles si el desvío de dinero para uso público constituye un delito". Me parece que todas las excepciones son un intento de no discutir el fondo de las cuestiones. Palabras que, según algunos abogados, constituirían "un insulto a la defensa". "Si tuviera que contar las numerosas contumelias", contestó Diddi, refiriéndose a que la oficina administrativa del Promotor "ha sido destinataria de correos electrónicos de imputados que, en tono perturbador, piden cuenta al personal de las actividades realizadas por nosotros". Y también que él mismo ha recibido una denuncia en suelo extranjero por un supuesto delito de interceptación abusiva. Sin embargo, la autoridad judicial suiza desestimó el caso.

"Un juicio lo más ajustado posible a las normas"

Diddi también explicó que a lo largo de los meses se había reunido con varios abogados, a los que también le unía la amistad, que "con cierto embarazo" le dijeron que tenían varias cuestiones que plantear en el juicio. " Háganlas todas, sin excluir ninguna", fue su respuesta, "el objetivo de esta Oficina es hacer un juicio lo más ajustado posible a las normas". Según el promotor adjunto, muchas de las cuestiones planteadas "no tienen ningún carácter procesal" y son fruto de la "desinformación" sobre las normas del Estado de la Ciudad del Vaticano. "Nos guste o no, no se hacen juicios trayendo reglas de fuera, sino aplicando las de dentro. En algunos casos, ha pedido la aplicación de normas que son inaplicables en este Estado".

Juicio en el Vaticano, nueva acusación para cuatro imputados

Diddi se mostró "sereno" por el trabajo realizado, expresando una "deuda de gratitud" con la policía judicial que hizo "lo imposible por dar respuesta a todas las preguntas engañosas". De hecho, se hizo aún más: "Algunos abogados dijeron que no podían encontrar los documentos que tenían que buscar, así que los buscamos nosotros. Hicimos una tabla en la que, petición por petición, indicamos dónde estaban. Muchos también fueron digitalizados.

El promotor expresó entonces su satisfacción porque un defensor del demandante acaba de decir esta mañana: "He encontrado todas las actas". "El demandante ha hecho lo que tantos defensores no han hecho", exclamó, explicando que en la Comandancia del Cuerpo de Gendarmería se habilitó una estación de trabajo en una sala higienizada donde se encontraban todos los documentos incautados: "Sólo vino la parte civil y basta". Por lo tanto, la falta de depósito de los documentos "es una tormenta en un vaso de agua".

"Este Estado aplica plenamente el derecho a un proceso justo"

"Esta historia de que habríamos cortado las alas a la defensa debe terminar", dijo el abogado, que también habló sobre el tema de la Rescripta del Papa que, según las objeciones de la defensa, habría cambiado el proceso y otorgado "plenos poderes" al Promotor de Justicia en la fase de investigación. En este sentido, Alessandro Diddi recordó lo que el Tribunal de Casación italiano reiteró cuando el financiero Gianluigi Torzi -entre los diez acusados- dijo que el Estado de la Ciudad del Vaticano "es un Estado canalla donde no hay ley": "El Tribunal ha reconocido que este Estado aplica plenamente el derecho a un juicio justo". Y otras jurisdicciones extranjeras han argumentado lo mismo. 

En cuanto a las omisiones en los actos, el abogado dijo que "se ha hecho lo que cualquier jurisdicción, incluida la italiana, ha hecho siempre". También reiteró que las partes con omisiones estaban relacionadas con nuevos expedientes que no debían formar parte del juicio en curso. En defensa de su actuación, Diddi también puso un ejemplo concreto con el caso de Fabrizio Tirabassi, antiguo funcionario de la Secretaría de Estado, que "supuestamente hizo dejación de sus poderes". "Hay decenas de páginas en la solicitud de citación en las que queda muy claro lo que queremos apoyar. No se puede decir que no hay acusación. ¿No será cierto? Perderemos en el juicio, es parte de las reglas del juego". Finalmente, Diddi entregó a la Secretaría un memorándum y un pendrive que, según dijo, contendría todos los documentos presentes que la defensa dice no haber encontrado hasta ahora.

Objeciones de la defensa

Según los abogados de la defensa, este no es el material que han solicitado desde julio. Precisamente en la falta de depósito de los documentos había centrado su primer argumento el abogado Giandomenico Caiazza, letrado del corredor Raffaele Mincione, que criticó la "llamativa insostenibilidad" de la decisión del Promotor de poner a disposición sólo los documentos utilizados en las investigaciones, en nombre de "principios fantasmas y normas de observancia general". Mientras que el abogado Massimo Bassi, defensor de Tirabassi, habló de "denegación de justicia" y dio a conocer que las actas no incluyen el material incautado en la Secretaría de Estado en octubre de 2019: cientos de cajas de documentos en papel, 39 de los cuales fueron sacados de la oficina de Tirabassi.

El defensor de Squillace

Domenico Aiello, abogado de Nicola Squillace, intervino largamente, señalando las incoherencias en las notificaciones recibidas por su cliente, especialmente en lo que se refiere a la citación al interrogatorio. Aiello citó los correos electrónicos recibidos por el Promotor, en particular uno fechado el 9 de diciembre de 2021 en el que se notificaba un interrogatorio previsto para el 22 de noviembre. Continuó señalando que la Oficina del Promotor ejecutó un embargo de las cuentas corrientes de Squillace y de los miembros del estudio Libonati Jeger (en el que Squillace era socio) y también el embargo de su primera vivienda. Un bufete del que Squillace estaba separado desde hacía unos diez años, pues ya no ejercía la abogacía; la casa, sin embargo, estaba abandonada desde hacía años, pues había fijado su residencia en Londres. El Sr. Diddi y el promotor de la apelación, Gianluca Perone, enumeraron una serie de pruebas y documentos que demostrarían, en cambio, que las notificaciones a Squillace se habían realizado correctamente y que el acusado había pospuesto continuamente el interrogatorio y no había elegido un domicilio.

Partes civiles

A continuación, llegó el turno de las partes civiles. En primer lugar, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Giovanni Maria Flick, en representación de APSA, cuya naturaleza y misión recordó para reafirmar la legitimidad de la creación de un partido civil. La Administración para el Patrimonio de la Sede Apostólica es la propietaria de aquellos bienes de la Santa Sede que, según las acusaciones, han sido utilizados de forma ilícita, dijo Flick, citando el ejemplo del Obolo di San Pietro. El conocido jurista también habló de "actividad especulativa que ha causado un enorme daño a la Santa Sede" y denunció "el silencio y la reticencia sobre la compra de la propiedad de Sloane Avenue". Su discurso incluyó también "un recordatorio de la autoridad del Papa, explicitada en las cuatro Rescripta". Por último, subrayó que desde hace "siete meses y un día" el Tribunal ha mantenido discusiones preliminares: una demostración de plena disponibilidad a favor de los demandados "para que la regularidad del proceso no se vea afectada".  

En la sala estaba presente la abogada Anita Titomanlio, que representó a Asif (antes Aif) como demandante en la audiencia del 18 de febrero en calidad de " deber natural ". La joven abogada recordó que la Autoridad, contrariamente a lo objetado por la defensa, no es una articulación más del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino una autoridad pública. Precisamente por ello, la implicación en dicho juicio, en el que están sentados en el banquillo de los acusados los dos ex vértices en el bango de los imputados, ha supuesto un "gran descrédito" con "graves consecuencias para su reputación". Así lo demuestran la suspensión de Asif del circuito Egmont (luego readmitido en 2019) y la evaluación en el informe final de la Comisión Moneyval, que encontró "abuso del sistema para beneficios personales y apropiación indebida". Por último, el abogado Roberto Lipari, en defensa del IOR, dijo que el Instituto para las Obras de Religión "ha visto la distracción de los fondos dedicados a los hechos en el centro del proceso". Por lo tanto, la imagen del Instituto como custodio de los recursos financieros de la Iglesia quedó "dañada".