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Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

“Nunca he querido que un solo euro, o mejor dicho, un solo céntimo de los que he tenido gestión y conocimiento sea malversado, mal utilizado o usado para fines que no fueran exclusivamente institucionales. Siempre he actuado por el bien de la Sede Apostólica y de toda la Iglesia”. Sentado en una de las bancas de la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, donde se ha celebrado la décima audiencia del proceso vaticano por presunta malversación de fondos de la Secretaría de Estado, el Cardenal Angelo Becciu ha ofrecido hoy al tribunal vaticano sus declaraciones espontáneas sobre el 'caso Cerdeña'. Es decir, el caso de las tres transferencias enviadas, entre 2013 y 2018, a la Diócesis de Ozieri a favor de una cuenta (1000/60478) sólo formalmente a nombre de la Diócesis, según los Promotores de Justicia, y en cambio a plena disposición de la cooperativa Spes y su hermano Tonino, único administrador. Una cuenta "utilizada para fines totalmente privados", dicen los promotores, que acusan a Becciu de malversación.

Declaraciones de Becciu

El Cardenal reiteró su inocencia "con la cabeza bien alta". Pero primero quiso denunciar la "masacre mediática sin precedentes" que sufrió a través de "una campaña violenta y vulgar": "Me presentaron como el peor de los Cardenales. Me describieron como corrupto, ávido de dinero, desleal con el Papa, preocupado por el bienestar familiar. Han insinuado infamias sobre la integridad de mi vida sacerdotal, de haber financiado testigos para un juicio contra un hermano, de ser propietario de pozos de petróleo". "Acusaciones grotescas y monstruosas" realizadas por alguien que intentó "demonizarme y destruirme", dijo el ex adjunto de la Secretaría de Estado, quien reiteró su confianza en el "juicio imparcial" del Tribunal a pesar del "clamor mediático".

El interrogatorio

El Promotor Adjunto de Justicia, Alessandro Diddi, debido a algunos problemas en su oficina (incluyendo la infección por Covid de la mayoría de los miembros de la secretaría) dijo que no podía proceder al interrogatorio. En cambio, el presidente del tribunal vaticano, Giuseppe Pignatone, hizo "tres preguntas", la primera sobre el asunto de la gestora sarda Cecilia Marogna y sobre el secreto papal que opuso a la Secretaría de Estado, pero también a la OTAN y al Estado italiano. ¿Sigue siendo válido o no? "Tiendo a confirmar el secreto, pero estoy dispuesto a aceptar lo que decidan las autoridades", dijo Becciu.

El "asunto de Cerdeña

Pignatone enumeró entonces las "contribuciones" realizadas por el Cardenal a la Iglesia de Ozieri: en 2013, una transferencia de 100.000 euros desde una cuenta personal; en 2015, otros 25.000 euros; en 2018, otros 100.000 euros. Para la fiscalía, las dos últimas sumas formaban parte de los fondos de la Secretaría de Estado. La primera transferencia había sido enviada a una cuenta que llevaba un texto "extraño" en el encabezamiento: "Caritas Ozieri, en la Cooperativa Spes". "¿Fue un préstamo o un pago a fondo perdido?", preguntó el presidente del Tribunal. Becciu explicó que se trataba de un préstamo para un proyecto que "iba a dar empleo a jóvenes y personas socialmente desfavorecidas". La mitad del préstamo fue devuelta, y la otra mitad donada por el Cardenal.

Pignatone recordó entonces la base de la acusación contra él, es decir, haber desviado una suma de 125.000 euros de la Secretaría de Estado para transmitirlos, "despreciando" las normas del Derecho Canónico y las instrucciones administrativas específicas, a la cooperativa "que los gestionaba con una serie de actividades comerciales". "Con respecto a estas alegaciones de irregularidad formal que también pueden adquirir un valor sustancial, ¿de qué eran conscientes?". Becciu explicó detalladamente el procedimiento de concesión de fondos por parte de la Secretaría de Estado: una solicitud inicial por parte de "personas de confianza", la eventual evaluación, el envío de los fondos y la petición de un informe al final de la gestión.

El mismo procedimiento se siguió para los 25.000 euros a Cáritas en Ozieri: "El obispo, el entonces administrador apostólico Sebastiano Sanguinetti, me pidió que montara una panadería que debía dar trabajo a varias personas. Un incendio lo destruyó todo, pero se recuperaron otros recursos. Sólo faltaba una pieza de la maquinaria, así que Sanguinetti pidió ayuda al Cardenal: "Cuando llegué a Roma vi que había dinero disponible". El obispo le dijo a Becciu que enviara el dinero a la misma cuenta en la que se habían ingresado previamente los 100.000 euros. "Como sustituto, no entro en la administración de la diócesis. Hay un dicasterio, la Congregación para los Obispos, que se ocupa de ello e interviene si ve humos de desorden. Me pidieron que hiciera esta oferta, vi la belleza de la obra y envié 25.000 euros, que se utilizaron para comprar una maquina para hacer panes". Para el Cardenal se trataba de un gesto de "caridad", la misma caridad que -dijo, citando un discurso del Papa- no consiste sólo en dar limosnas ocasionales, sino en devolver la dignidad al hombre a través del trabajo. El Cardenal confirmó entonces que sabía que el destinatario final del dinero era la cooperativa Spes como "brazo derecho" de Cáritas.

En cuanto a la última transferencia de 2018 (otros 100.000 euros), Becciu explicó que la realizó después de que el nuevo obispo de Ozieri, Corrado Melis, le hablara del proyecto de una Ciudadela de la Caridad para acoger y apoyar a los pobres y ancianos. El presupuesto ascendía a casi un millón y medio y el obispo buscaba fondos. Pidió ayuda a la Secretaría de Estado. Becciu la concedió, al ver que "cada año se distribuía una cantidad de subvenciones a diversos organismos en Italia y en el extranjero". Esos 100.000 euros siguen en la cuenta en este momento. ¿Por qué? 'No sé cómo lo organizan, el obispo siempre me ha dicho que están esperando a recibir la cantidad completa'. Las obras de la Ciudadela comenzaron el 28 de febrero.

Los defensores tienen la palabra

Los abogados de la defensa tomaron entonces la palabra. El primero en intervenir fue el abogado Cataldo Intrieri, abogado de Fabrizio Tirabassi, ex empleado de la Secretaría de Estado, que solicitó peritajes sobre las grabaciones de audio y vídeo de los interrogatorios de Monseñor Alberto Perlasca y sobre las copias forenses del material electrónico. También reiteró su petición de devolución del material incautado, ya que los documentos también contienen imágenes de los miembros de la familia de Tirabassi, como fotos de su hija jugando en el jardín.

El abogado del corredor Gianluigi Torzi, Marco Franco, se opuso a la invalidez de la incautación a la que fue sometido Torzi con motivo de la orden de detención de junio de 2020 (todo el material ya ha sido devuelto). A continuación, declaró la voluntad de su cliente de realizar el interrogatorio pero por videoconferencia. "El motivo es comprensible", dijo, en alusión a la detención del agente tras el interrogatorio del Vaticano. "Todo esto está fuera de lo que puede ocurrir en esta fase del Tribunal", replicó Pignatone. Y a la respuesta de Franco: "Es una actitud psicológica, no un riesgo concreto", añadió: "No tiene razón de ser. Es libre de no responder, pero no puede dictar las condiciones. Siguiendo con Torzi, Diddi explicó que fue el propio corredor el que puso a disposición el material incautado entonces en el momento del interrogatorio, entregando todas las claves ante sus abogados.

La orden del Tribunal Vaticano

Tras dos horas exactas en la sala, Pignatone leyó una declaración en el que rechazaba todas las peticiones de la defensa, empezando por los informes periciales que ahora sólo serían "exploratorios". Añadió que esto estaría sujeto a "posibles objeciones al resultado del interrogatorio de Perlasca en el tribunal". El presidente anunció entonces que se pediría información específica a la Secretaría de Estado sobre el secreto pontificio al que se oponía Marogna.

El calendario

Se ha fijado el calendario de las próximas audiencias: el 30 de marzo, con el interrogatorio de monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario personal de Becciu; el 5 de abril, día en que se interrogará a René Brüllhart y a Tommaso Di Ruzza, antiguo presidente y director de la AIF; el 6 de abril, continuación del interrogatorio de Becciu y posiblemente del financiero Enrico Crasso, que comparecerá ante el tribunal el 28 de abril. De nuevo, el 27 de abril, audiencia de Tirabassi y el 6 de mayo, interrogatorio del gerente Raffaele Mincione.