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VATICAN NEWS

Ha sido una investigación larga y compleja, dirigida por el Promotor de Justicia Gian Piero Milano, por el adjunto Alessandro Diddi y por el ejecutivo Gianluca Perrone. Una labor que se ha desarrollado a través de las pesquisas de la Gendarmería Vaticana dirigida por el comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti y que ha llevado al examen de una gran cantidad de documentos, dispositivos electrónicos incautados a los sospechosos, así como al careo de testigos. El presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha ordenado la citación a juicio de diez personas, tras la solicitud presentada por la Oficina del Promotor de Justicia, informa un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La citación pone fin a la primera fase de las investigaciones: ahora la documentación reunida hasta el momento será examinada por el Tribunal durante la audiencia pública que enfrentará a la fiscalía y la defensa. La primera audiencia está prevista para el 27 de julio.

Serán procesados René Brülhart (ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede), a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; monseñor Mauro Carlino (antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado), acusado de extorsión y de abuso de funciones; Enrico Crasso (el hombre de las finanzas que había gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas), acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados; Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la AIF), al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; Cecilia Marogna (la mujer que recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado para llevar a cabo acciones de inteligencia), acusada de malversación; Raffaele Mincione (el financista que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas), acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; Nicola Squillace (abogado implicado en las negociaciones), acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero; Fabrizio Tirabassi (funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto), acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones; y Gianluigi Torzi (el financista llamado a ayudar a la Santa Sede a salir del fondo de Mincione, y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios), acusado de extorsión, malversación, estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.

También se han presentado solicitudes de citación para el juicio contra las siguientes sociedades: HP Finance LLC, atribuible a Enrico Crasso, acusado por la fiscalía del delito de fraude; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., atribuible a Cecilia Marogna, acusada de delito de malversación; Prestige Family Office SA, atribuible a Enrico Crasso, acusado de estafa; Sogenel Capital Investment, atribuible a Enrico Crasso, con la acusación de estafa. Algunos delitos también se imputan como "delitos concurrentes".

Han surgido, además, elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, "contra el que - informa el comunicado - se está procediendo, como manda la ley鈥�, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en complicidad, así como de soborno.

En un comunicado difundido por sus abogados, el cardenal se define como "víctima de un complot" en su contra, que le ha expuesto "a una situación mediática sin parangón" y sólo gracias a la fe -dice- es capaz de "encontrar la fuerza para librar esta batalla por la verdad". "Finalmente", concluye Becciu, "llega el momento del esclarecimiento y el Tribunal podrá constatar la absoluta falsedad de las acusaciones".

René Brülhart, por su parte, declaró que "el asunto constituye un error de juicio" que será aclarado: "Siempre he desempeñado mis funciones y obligaciones -afirmó- con corrección, lealtad y en interés exclusivo de la Santa Sede y de los órganos que la representan".

Mientras tanto, la Secretaría de Estado ha decidido constituirse como parte civil en el proceso: la abogada Paola Severino la representará.

Investigaciones desde 2019

Las investigaciones, iniciadas en julio de 2019 por la denuncia del Instituto para las Obras de Religión y la Oficina del Auditor General -dice el comunicado- "han visto plena sinergia entre la Oficina del Promotor y la Sección de Policía Judicial del Cuerpo de Gendarmería. Las actividades instructoras también se llevaron a cabo en estrecha y provechosa colaboración con la Fiscalía de Roma y el Núcleo de Policía Económico-Financiera - G.I.C.E.F. de la Guardia de Finanza de Roma. También se aprecia la cooperación con las Fiscalías de Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari y las respectivas secciones de la Policía Judicial". "Las actividades de investigación, llevadas a cabo también con comisiones rogatorias en otros numerosos países (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia y Suiza), han permitido sacar a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros, que han generado pérdidas sustanciales para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre". "La iniciativa judicial -se subraya- está directamente conectada con las indicaciones y reformas" del Papa Francisco, "en la labor de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas; labor que, según la hipótesis de la acusación, fue contrarrestada por actividades especulativas ilícitas y perjudiciales para la reputación en los términos indicados en la solicitud de sometimiento a proceso".

La inversión en el fondo de Mincione

Un primer capítulo importante de la investigación se refiere a la inversión de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione, una operación que se realizó entre junio de 2013 y febrero de 2014. La Secretaría de Estado se endeudó con Credit Suisse por 200 millones de dólares para invertir en el fondo de Mincione (100 en los títulos, 100 en los inmuebles, vinculados al edificio de Londres). La inversión, altamente especulativa, conllevó graves pérdidas para la Santa Sede. Al 30 de septiembre de 2018, las acciones habían perdido más de 18 millones de euros en comparación con el valor de la inversión inicial, pero se estima que la pérdida global es una cantidad mucho mayor. Mincione usó el dinero del Vaticano para llevar a cabo operaciones imprudentes e intentar la adquisición de instituciones bancarias en crisis. Ante los desastrosos resultados, la Secretaría de Estado intentó salir de la inversión y tomar posesión de la propiedad.

La llegada de Torzi y la extorsión

La operación preveía el pago de 40 millones de libras esterlinas a Mincione por parte de la Secretaría de Estado, a cambio de sus acciones. Se decidió confiar a una empresa propiedad de otro financista, Gianluigi Torzi, que con una operación de ocultamiento consiguió mantener el control para sí mismo y engañar a la Santa Sede gracias a complicidades internas. De la documentación aportada por los magistrados vaticanos se desprende que Mincione y Torzi estaban de acuerdo en llevar a cabo la operación con la Secretaría de Estado. Los magistrados vaticanos identifican a Enrico Crasso y Fabrizio Tirabassi como dos figuras clave y creen que obtuvieron comisiones de Mincione y pagos en efectivo de Torzi por hacerles entrar en el Vaticano. Gracias a la complicidad interna, Torzi consiguió que el Vaticano firmara un Acuerdo de Compra de Acciones que arrebataba a la Secretaría de Estado el control de la propiedad de Londres. Para ello, creó 1.000 acciones de la empresa GUTT SA y atribuyó derechos de voto únicamente a estas acciones de las que él era titular. Mientras que las otras 30.000 acciones, en poder de la Secretaría de Estado, no tenían derecho a voto. La Secretaría de Estado se encontró así ante otro financista en el Vaticano al que se le dejó todo el poder de decisión.

Los superiores engañados

Los magistrados vaticanos consideran que "ni monseñor Perlasca, firmante del Contrato de Compraventa de Acciones, ni sus superiores, el Sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones". El mismo poder del Sustituto, que era necesario para firmar el acuerdo, se obtuvo post-factum y sin que los superiores se enteraran del "truco" que permitía a Torzi controlar todo. Para obtener el control del edificio y la salida de Torzi de la escena, a la Secretaría de Estado, gracias a la complicidad interna de los sospechosos para los que se ha pedido la imputación, se le logran extraer 15 millones de euros, pagados al financista con causales irregulares.

El papel de la AIF

Según los magistrados vaticanos la AIF (Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede) habría "descuidado las anomalías de la operación de Londres -de las que había sido inmediatamente informada- sobre todo teniendo en cuenta la abundante información que, como resultado de las actividades de inteligencia, había adquirido". Según la documentación producida por la fiscalía, la AIF desempeñó "una función decisiva en la finalización del proceso de liquidación de los créditos de Gianluigi Torzi".

El cardenal Becciu

El purpurado, ex Sustituto de la Secretaría de Estado, no entró inmediatamente en la investigación. Se vio envuelto en ella por lo que los magistrados definen como "interferencia" y consideran que él está detrás de las ofertas de compra del edificio surgidas súbitamente a fines de mayo de 2020, pocos días antes del interrogatorio a Torzi. Según los testimonios, Becciu habría intentado que Perlasca se retractase. Los pagos realizados por la Secretaría de Estado a Cecilia Marogna por instrucciones de Becciu también entraron en la investigación. La empresa de la mujer recibió entre el 20 de diciembre de 2018 y el 11 de julio de 2019 pagos realizados por la Secretaría de Estado por 575.000 euros. La investigación mediante comisión rogatoria permitió comprobar que estas cifras "fueron utilizadas, en su casi totalidad, para realizar compras鈥�. Por último, los magistrados acusan a Becciu de haber financiado y hecho financiar la cooperativa de su hermano Antonino. Se trata de 600.000 euros procedentes de los fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y de 225.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado. Las donaciones habrían sido 鈥渁mpliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas".