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Isabella Piro 鈥� Pope

Restablecer la justicia para los pueblos indígenas, entre los más afectados por la pandemia de Covid-19: éste fue el llamamiento lanzado por el arzobispo Ivan Jurkovi膷, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, que intervino ayer, 24 de septiembre, en la 45º sesión del Consejo de Derechos Humanos, centrado en los derechos de los pueblos indígenas. "En muchas partes del mundo", dijo el prelado, "se siguen violando los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre otras cosas debido al acceso insuficiente a la justicia y la educación, los desplazamientos causados por guerras o desastres naturales, las detenciones arbitrarias de dirigentes indígenas y la violación de su derecho a la libre determinación en los territorios". Además, el arzobispo expresó la preocupación de la Santa Sede por el "impacto desproporcionado" que la pandemia de coronavirus ha tenido y está teniendo en las comunidades indígenas. De hecho, "representan el 6% de la población mundial y viven con las tasas más altas de pobreza", lo que los hace particularmente vulnerables a la emergencia sanitaria.

"La falta de acceso a los suministros médicos -subrayó Monseñor Jurkovi膷-, el aumento de la inseguridad alimentaria y del agua debido a las restricciones a la libertad de circulación, no han hecho sino agravar el efecto de la pandemia en los pueblos indígenas. Además, "la mayoría de ellos, en particular las mujeres, trabajan en la economía informal, sector que se vio gravemente afectado durante la pandemia". El Observador Permanente también se refiere al hecho de que los pueblos indígenas salvaguardan "el 80% de la diversidad biológica del mundo, contribuyendo significativamente a la integridad ecológica mundial". Para ellos, de hecho, "la tierra no es una mercancía, sino un regalo de Dios, un espacio sagrado con el que interactúan" y del que se ocupan. De ahí el llamamiento del representante de la Santa Sede para que se proteja a los pueblos indígenas "de la expropiación de tierras y la explotación económica, mediante una legislación nacional e internacional más estricta", impidiendo así que se vean afectados por aquellas normas y prácticas que "promueven la expansión de las zonas de extracción de recursos naturales y el desarrollo de megaproyectos de infraestructura", agravadas por "la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos y los obstáculos para obtener justicia".

El Arzobispo recordó a continuación que las comunidades indígenas "no son sólo una minoría entre otras" y, por lo tanto, "deben ser incluidas en todos los procesos de toma de decisiones políticas, especialmente en los que les afectan directamente". Una inclusión que debería reforzarse inmediatamente, teniendo en cuenta que "durante la pandemia de Covid-19, estas comunidades fueron a menudo ignoradas e incluso olvidadas". En esta perspectiva, la Santa Sede espera que se desarrollen "nuevos modos de vida" y "nuevas políticas internacionales, regionales y locales que impliquen verdaderamente a los pueblos indígenas y respeten su identidad y su cultura", en la perspectiva de un "desarrollo humano auténtico e integral".