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Andrea Tornielli

“Una decisión histórica”. Así acogió el Arzobispo de Malta, Charles Scicluna, Secretario Adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el rescripto publicado el martes 17 de diciembre de 2019 en esta entrevista con Radio Vaticano - Pope.

¿Qué importancia tiene la decisión del Papa de abolir el secreto papal en casos de violencia y abuso de menores?

Recuerdo que en el encuentro de obispos que el Santo Padre Francisco convocó en febrero de 2019 hubo un día entero dedicado a la transparencia. Luego, con la nueva ley Vos estis lux mundi de mayo de 2019, el Santo Padre también comenzó a aplicar las decisiones tomadas en febrero. Esta es otra pieza muy importante porque recuerdo que en la discusión, en la conferencia del pasado mes de febrero, se habló repetidamente del secreto pontificio casi como un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades. En mi opinión, esta decisión es histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo.

En términos concretos, ¿qué cambia después de esta decisión?

Por ejemplo, veamos los impedimentos que existían hasta este momento: la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico. Ahora también se facilita la posibilidad de salvaguardar a la comunidad y de decir el resultado de una sentencia.

¿La abolición del secreto pontificio significa que los documentos se harán públicos?

No son de dominio público pero, por ejemplo, se facilita la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la diócesis que tenga documentación ya no está atada al secreto pontificio y puede decidir -como debe- colaborar bien, entregando una copia de la documentación también a las autoridades civiles. El mismo rescripto, esta nueva ley, también habla de la necesidad de salvaguardar la vida privada de la persona, la buena reputación de las personas involucradas, así como su dignidad. Siempre se requiere una cierta reserva en el ámbito penal y esta sigue estando garantizada. Esto no significa, por tanto, que la documentación pase a ser de dominio público, sino que se facilita la colaboración con el Estado y con otros organismos que tienen derecho a acceder a dicha documentación.