Se inauguró el A?o Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano
Gabriella Ceraso – Ciudad del Vaticano
Abierto a las experiencias jurídicas contemporáneas, sin dejar de estar anclado en los principios del derecho divino registrados en el orden canónico. Este es el aspecto esencial del ordenamiento jurídico vaticano y de las actividades institucionales en las que se expresa, que asumen por tanto un carácter "delicado" y "complejo". Así lo subrayó esta mañana el Promotor de Justicia, Gian Piero Milano, en su discurso con motivo de la inauguración del Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el que ha subrayado reiteradamente su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra todo aquello que atente contra los valores fundamentales de la dignidad humana, el bien común y la paz.
Historia e innovación
El Profesor Milano, en su informe articulado, recordó en primer lugar las raíces y la génesis del Sistema Vaticano – 90 años después de la constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano – creado para garantizar la independencia y la soberanía de la Santa Sede, y por lo tanto su evolución de conformidad con el derecho internacional general y el pacto. Mención aparte de las leyes del Papa Francisco y sus efectos en la actividad judicial, con especial referencia a los crímenes contra menores, contra la humanidad, contra la seguridad del Estado – con la nueva figura del delito de "difusión de noticias y documentos" – y las normas sobre cooperación internacional y asistencia judicial recíproca en las que se constata el completo "reducción de las actitudes de cierre". En el Informe del Profesor Milano se hizo especial referencia a la coherencia con las normas internacionales sobre reciclaje de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo.
Cooperación y control
Para subrayar la eficacia de esta cooperación, hay que recordar que el año pasado se recibieron 6 solicitudes de cooperación internacional por parte de otras tantas autoridades extranjeras, una de ellas de un país no perteneciente a la UE – una cifra significativa si tenemos en cuenta que el número total de solicitudes activas de cooperación realizadas por el Vaticano entre 2012 y 2018 alcanzó un total de 10 solicitudes – y que la Autoridad de Inteligencia Financiera (A.I.F.) ha enviado a la Oficina del Promotor 7 informes de transacciones sospechosas en el ámbito del reciclaje de capitales, el fraude y la evasión fiscal. Por otra parte, señala el Promotor, nuevamente en 2018, sólo se recibió una solicitud de comisiones rogatorias de autoridades extranjeras, cifra que se interpreta como "sintomática de la eficacia de las acciones emprendidas entre los distintos actores del sistema interno de lucha contra el reciclaje de capitales para reducir en la medida de lo posible cualquier espacio de operaciones de la delincuencia financiera internacional.
El Promotor citó dos leyes emitidas en 2018, una sobre abuso de mercado y otra sobre prevención de activos, mientras que entre las sugerencias para nuevos cambios regulatorios, el Promotor destaca algunas lagunas en ciertos asuntos, por ejemplo, la impunidad de la usura, una laguna, escribe "que desde la perspectiva de la represión penal, afecta significativamente el funcionamiento efectivo de los instrumentos de cooperación internacional anclados en el principio de la doble incriminación".
Los datos
Por último, en la segunda parte del Informe se destacan los datos relativos a las actividades realizadas por la Gendarmería y la Policía Judicial – en sinergia con la Oficina del Promotor de Justicia de la Corte, con la A.I.F. y en la sede de Co.Si.Fi. – tanto en el ámbito del blanqueo de dinero y los delitos informáticos, como el bloqueo de sitios web difamatorios o el cierre de cuentas de correo electrónico por delitos de fraude o robo de identidades virtuales. En detalle, durante 2018, se realizaron 6 detenciones, 75 detenciones, 86 denuncias de robo, 15 denuncias de fraude relacionadas con el Estado de la Ciudad del Vaticano, 97 denuncias por daños y perjuicios. Además, 8.092 personas (empresas, empleados de la Santa Sede y del Estado, peatones, etc.) y 3.753 vehículos (personas que tienen derecho o razón para entrar) fueron registrados dentro y fuera del Estado Vaticano. Se realizaron un total de 11.845 controles, incluidos los relativos a la legislación sobre transparencia en el transporte de efectivo.
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