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Ciudad del Vaticano

Las causas de la crisis en el país

En noviembre de 2017, un pronunciamiento militar depuso al ex presidente Robert Mugabe. Desde entonces, el país está gobernado por Emmerson Mnangagwa, quien asumió el cargo de Jefe de Estado interino tras la dimisión de Mugabe y fue elegido en las elecciones del 30 de julio de 2018. La campaña electoral y el período posterior a la votación estuvieron marcados por tensiones y violencia, como recordaron los obispos, quienes manifestaron su preocupación por el "resurgimiento de la polarización política y social antes, durante y después de las enésimas elecciones nacionales celebradas el 30 de julio de 2018, que culminaron con la violenta agitación del 1 de agosto de 2018, durante la cual al menos seis civiles fueron asesinados, muchos más resultaron heridos y se destruyeron varias propiedades.

Tristeza y preocupación

Los obispos afirman que "testimonian con tristeza y preocupación la disolución de la esperanza de una nación unida y un futuro prometedor, cuando nuestros políticos no han comprendido la unidad tangible y la buena voluntad que reinó entre los zimbabwenses durante e inmediatamente después de los acontecimientos políticos de noviembre de 2017".

Situación económica grave

"También hemos sido testigos -continúa el documento- de la reacción fragmentada e instintiva del gobierno ante el empeoramiento de la situación económica, ejemplificada por la imposición unilateral del impuesto del 2% sobre el principal sistema de transferencia utilizado en el país y por el fuerte aumento de los precios del combustible del 12 de enero de 2019, que es la causa directa de las violentas manifestaciones y disturbios que llevaron al cierre total de las principales ciudades y centros comerciales rurales de Zimbabwe.

Reclamar derechos tanto pacíficos como no violentos

Los obispos concluyeron pidiendo al gobierno "que desista de la fuerte represión de la disidencia y de la negación del derecho del pueblo a expresar sus quejas, incluido el bloqueo de los medios sociales impuesto el 15 de enero", para que los ciudadanos "reclamen sus derechos constitucionales de forma pacífica y no violenta". (Agencia Fides)