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L'Osservatore Romano

"Ha empeorado gravemente". Así es la situación de los derechos humanos en Nicaragua según un informe publicado ayer en Ginebra por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fotografía la realidad actual en el país centroamericano en comparación con el año pasado y al mismo tiempo destaca cómo las libertades religiosas continuaron sufrir "restricciones indebidas". En el documento, la ONU registra "un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos en prisión y ataques contra poblaciones indígenas". En particular, destaca cómo la persecución "de los opositores al gobierno" o de aquellos percibidos como "voces disidentes" se ha "extendido e intensificado progresivamente". "Las autoridades - señala el informe basado en 120 entrevistas, testimonios y reuniones - continúan persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones discrepantes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o no esté directamente bajo su control", afectando a los defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y 鈥渃ualquier otra entidad que defienda el cambio social o político sin supervisión gubernamental鈥�.

Además, según datos de la ONU, al menos 27 sacerdotes y seminaristas fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. Un grupo de 31 clérigos fueron "expulsados" del país tras permanecer detenidos "por varios períodos". Managua, añade, ha "revocado el estatus legal de muchas organizaciones religiosas", como parte de medidas similares adoptadas contra varias ONG.

"Nuevas preocupaciones" surgieron luego desde la Oficina de Ginebra respecto a la reforma del Código Penal que el Parlamento de Nicaragua aprobó en las últimas horas, tal como lo solicitó la semana pasada el presidente Daniel Ortega. Uno de los artículos prevé que Managua podrá procesar a las personas naturales o jurídicas, incluidos los extranjeros, que cometan delitos fuera del territorio nacional contra la administración pública, el Estado y las instituciones, incluidos los delitos cibernéticos. La ONU, que publicó el informe poco antes de la aprobación de la reforma, destacó el riesgo de que leyes "tan amplias" puedan utilizarse "para ejercer más presión e intimidación".

Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió "un cambio urgente de dirección por parte del gobierno".