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El secuestro para "deportación" de niños y mujeres embarazadas en la comunidad afectada, el robo de dinero, celulares y otros bienes por parte de agentes de la Dirección General de Migraciones en República Dominicana y militares. Estos son algunos de los abusos reportados por organizaciones religiosas y sociales que tuvieron lugar en Villa Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, Km. 2 y Km. 8, municipio de Santa Cruz de El Seibo, en República Dominicana, durante un operativo de deportación de haitianos. De acuerdo con la versión de los denunciantes, como informa ADN Celam, los agentes denunciaron "el uso de la fuerza y agresión física y verbal" contra las familias, hechos que, según consideran, violan los derechos fundamentales de estas personas y generan un "clima de temor" e inseguridad.

La urgencia de la situación llevó a los denunciantes a exigir a las autoridades dominicanas que pongan fin de inmediato "a estas prácticas violatorias de los derechos humanos" y a garantizar "procesos administrativos transparentes y justos para todas las personas". Asimismo, solicitaron a la comunidad internacional a adoptar medidas concretas para proteger los derechos de los más vulnerables de la sociedad dominicana.

Las organizaciones alegan que estos allanamientos se realizaron ilegalmente según el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación de 1999, que prohíbe las deportaciones en horas de la madrugada. También denunciaron la detención abusiva de personas con "documentación que acredita su residencia regular en República Dominicana y que fueron subidas al camión de migración".

Pese a que lograron liberar a algunos niños y mujeres embarazadas tras seguir el camión hasta Higüey, un niño fue llevado hasta Haina y liberado al día siguiente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) y UNICEF.

Las instituciones firmantes, entre las que se encuentran la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, la Red Jesuita con Migrantes, los Misioneros Dominicos, la Conferencia Dominicana de Religiosos, Acción Verapaz y la Arquidiócesis de Santo Domingo, instan al presidente de la República, Luis Abinader, a ordenar el cese de estas prácticas, "muchas veces encaminadas a la extorsión y al hurto". Al mismo tiempo, se destaca la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes no se les está renovando la residencia, dejándolos en un “limbo jurídico después de haber sido beneficiarios de la Ley 169-14”, promulgada para solucionar los efectos de la Sentencia 168-13, que "despojó de forma retroactiva del derecho a la nacionalidad a más de cuatro generaciones de estos ciudadanos basándose en el origen de sus padres".