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Después de veintitrés años de presentada la primera querella en 2001, el 5 de abril de 2024 iniciará el juicio contra el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, entre el 16 de agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982, quien será juzgado por los delitos de genocidio y delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada y violencia sexual.

En un , la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala recuerdan que, desde su puesto como Mando Operativo del Ejército de Guatemala, Lucas García identificó a los pueblos mayas del país como enemigos del Estado. Asimismo, 鈥渙rdenó la implementación de Operaciones Militares de Barrida en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, causando la muerte de un mínimo de 1771 personas, 1172 reportadas con nombres y apellidos, entre estas, niñas, niños, ancianos y ancianas, hombres, mujeres, inclusive mujeres embarazadas, en más de 32 masacres selectivas y generalizadas鈥�. También destruyó más de 23 aldeas enteras 鈥渋ncluyendo quema de casas, cosechas, siembras, herramientas de trabajo, persecución, desplazamiento forzado y bombardeos, así como sometimiento de la población a condiciones de hambre y enfermedades que causaron la muerte de cientos de personas más, además de graves hechos de violencia sexual contra mujeres y niñas y Desaparición forzada de líderes locales鈥�.

Más de 150 testigos, incluyendo 30 sobrevivientes de violencia sexual, declararán en juicio y debate oral y público. Además, 80 peritos de antropología forense ratificarán más de 160 peritajes de exhumaciones realizadas, catorce peritos internacionales expertos en diferentes ramas de la ciencia como peritajes sobre patrones de muerte de las víctimas, sobre la actuación y la responsabilidad de las unidades militares en los hechos, entre otros asuntos.

Las instituciones signatarias del texto piden al pueblo de Guatemala y a la opinión pública respaldar y acompañar el derecho de las víctimas a la memoria, la verdad y la justicia y estar atentos a los llamados de solidaridad que se emitan. También solicitan la asistencia de la comunidad internacional al juicio o bien el seguimiento a la transmisión diaria de sus audiencias, el envío de delegaciones de juristas y especialistas en Derecho Internacional Humanitario y la realización de acciones de solidaridad instando al Organismo Judicial guatemalteco a garantizar el debido proceso.