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Giancarlo La Vella y Sofiya Ruda - Ciudad del Vaticano

Es definido histórico el acuerdo sobre los migrantes, pero para llegar a él han sido necesarias doce horas de negociaciones, dos intentos de votación y, sobre todo, un debate que ha durado varios años. El Consejo, celebrado ayer en Luxemburgo y al que asistieron los ministros de Interior de los Estados miembros de la UE, sentó así las bases sobre los dos temas principales del Pacto para las migraciones y del asilo. El apoyo al acuerdo fue amplio: sólo Hungría y Polonia se mostraron en contra; Malta, Eslovaquia, Lituania y Bulgaria se abstuvieron; todos los demás estuvieron a favor.

Colaboración y solidaridad

El papel de Italia ocupó un lugar destacado en el Consejo, ya que el país es el principal destino de los migrantes procedentes de África a través del mar Mediterráneo. Roma, representada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, obtuvo consenso en todas las propuestas presentadas. En primer lugar, el rechazo de la hipótesis de que los Estados de primer ingreso reciban una suma de dinero, unos 20.000 euros por cada refugiado, a cambio de mantener en su territorio a los inmigrantes irregulares. Se creó, en cambio, un nuevo fondo europeo para países terceros de origen y tránsito y la obligación de solidaridad en lugar de la compensación. El otro elemento nuevo se refiere a los migrantes con escasas probabilidades de obtener asilo, a los que se aplicará un procedimiento acelerado de retorno a países terceros seguros. El objetivo, recordado por la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, es que la normativa se apruebe definitivamente antes de que finalice la legislatura.

El acuerdo sobre los migrantes

"El elemento positivo es que se ha desbloqueado una negociación que se venía arrastrando desde hace más de siete años para intentar que todos los Estados miembros se pusieran de acuerdo sobre una cuestión tan sensible a nivel interno. Además, se ha interiorizado la idea de que en la gestión de las migraciones los 27 Estados deben actuar concertadamente sobre la base del principio de solidaridad", explica a Radio Vaticana - Pope Riccardo Alcaro, experto en geopolítica del continente europeo y coordinador del programa "Actores Globales" del Instituto Asuntos Internacionales. "Hay que ver cómo se utilizará y con qué fines. El fenómeno es muy amplio y requiere también una gestión de las migraciones internas". La otra gran medida que se ha decidido, prosigue el experto, es permitir a los Estados transferir los casos de denegación de asilo a países determinados como seguros. "Pienso que la definición de país seguro variará mucho, por lo que hay serias dudas sobre el respeto de los derechos humanos de los migrantes".

La europeización del proceso

Esta norma comparada con el Tratado de Dublín tiene aspectos positivos, ya que superaría la idea de que la gestión del asilo es responsabilidad exclusiva del país de primera llegada. "Sin embargo, este principio de solidaridad parece más dirigido a que los Estados miembros sean libres de cerrar o gestionar sus fronteras", continúa Alcaro. Esta puede ser una función propia de los Estados, pero no puede agotar la cuestión de la gestión de las migraciones, que es un tema mucho más amplio". "Además de preocupan las consideraciones de carácter humanitario - subraya el académico - que quizás este nuevo acuerdo podría poner en riesgo".

Divisiones internas

El acuerdo no fue aprobado por unanimidad, por lo que sigue siendo un asunto que podría generar fricciones internas en la Unión Europea. "La migración es el tema que, más que ningún otro, divide a los Estados europeos, porque depende mucho de su situación geográfica y las perspectivas cambian profundamente en función de dónde se encuentren". El acuerdo, concluye Alcaro, se alcanzó en el Consejo de la UE, pero aún debe pasar por el escrutinio del Parlamento Europeo.