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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que el gobierno del país centroamericano está cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas. Lo afirma en un publicado este 2 de marzo de 2023, en el que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.

Las violaciones y abusos a los derechos humanos 鈥渟e perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos鈥�, expresó el experto independiente Jan Simon, añadiendo: 鈥淟a población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra鈥�.

Según la ONU, 鈥渆l informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes鈥�.

鈥淓l informe también señaló -se lee en el comunicado- que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores鈥�.

鈥淟a situación sigue empeorando鈥�

鈥淒esde diciembre de 2018, prosigue la ONU, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior鈥�.

鈥淓n febrero de 2023 -dice el texto- las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser 鈥榯raidores a la patria鈥欌��. 鈥淓l mismo mes, añaden, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado鈥�.

El reporte insta al gobierno a 鈥渓iberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores鈥�.

También, se exhorta a la comunidad internacional 鈥渁 iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional鈥�.

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Además, , se hace 鈥渦n llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones鈥�.

Asimismo, instan a Nicaragua 鈥渁 derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica鈥�.