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Ciudad del Vaticano

L’Osservatore Romano, el cotidiano de la Santa Sede, en su , trata sobre el dramático tema de las mujeres desaparecidas en Perú, que ha estado al centro de las protestas populares y del debate público durante años, y que ha vuelto recientemente a la opinión pública con toda su fuerza. El pasado 8 de agosto, un comunicado emitido por la Oficina del Defensor del Pueblo ha revelado estadísticas alarmantes sobre este penoso fenómeno, que no parece destinado a disminuir. Según lo declarado en el documento, entre enero y julio de 2021, han desaparecido más de 3.425 mujeres en el país, de las cuales 2.182 son menores de edad y adolescentes.

Las desapariciones aumentaron durante la pandemia

El diario de la Santa Sede da cuenta que, las desapariciones de mujeres aumentaron drásticamente durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19: durante el 2020 se registraron 5.521 desapariciones, una media de 15 al día, en lo que la ONU ha definido como "una epidemia en la sombra". Las cifras del último año también parecen ir en una dirección aún peor, con una media de 16 desapariciones al día. Lo que hace que este fenómeno sea aún más aterrador – subrayan los expertos de las Organizaciones Internacionales – es la falta casi total de información, los medios de comunicación no hablan de ellos. Muchos activistas y expertos dudan de la verdadera magnitud del fenómeno y creen que es mucho mayor que las cifras oficiales. Además, en la gran mayoría de los casos en cuestión, las desapariciones siguen sin resolverse y no hay noticias sobre las víctimas.

Organizaciones criminales y violencia domestica

Según Eliana Revollar Añaños, Delegada de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, la causa principal de estas desapariciones es el accionar de las organizaciones criminales en el Perú, mientras que en el caso de los adolescentes e infantes es relevante la presencia de la violencia doméstica. La primera hipótesis de Revollar – señala L’Osservatore Romano – encuentra una dramática confirmación en los macabros sucesos del pasado mes de marzo, cuando las investigaciones condujeron a la imputación del Oficial de la Policía Santiago Paco por los asesinatos de una joven de 20 años y una niña de 14, cuyos cadáveres aparecieron enterrados junto a la finca de los padres del agente de seguridad pública. Las investigaciones posteriores – revelaron las Agencias locales – han demostrado que Paco formaba parte de un grupo de traficantes de personas con fines sexuales que se había formado dentro de una unidad de investigación policial encargada de frenar las desapariciones. Paco sigue en libertad, mientras que otro funcionario ha sido detenido y 30 han sido trasladados tras las revelaciones.

Voluntarios para luchar contra las desapariciones

A lo largo de los años se han formado varias asociaciones de voluntarios con el objetivo de luchar contra las desapariciones de mujeres en el Perú. La más importante es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, los Presos y Desaparecidos (Anfasep), formada en septiembre de 1983 por un grupo de mujeres de la ciudad de Ayacucho. Sin embargo, más recientemente se ha consolidado la plataforma digital 'Mujeres Desaparecidas Perú', abierta en Facebook en 2016 por la socióloga Katherine Soto Torres a raíz de la desaparición de una de sus amigas y compañeras. Desde entonces, la comunidad ha crecido hasta contar con más de 30.000 miembros, y en la actualidad ofrece asesoramiento jurídico y apoyo de diversa índole a las familias de las mujeres desaparecidas.

Hacia una ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas

L’Osservatore Romano también da cuenta que, la presión ejercida por estos activistas ha tenido importantes consecuencias a nivel político: el 13 de julio, el gobierno peruano promulgó un decreto ley por el que se aprobaba el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PNBPD), un programa destinado a combatir esta emergencia atacando sus principales causas de aquí a 2030. El Plan identifica cuatro problemas fundamentales. El primero es la excesiva complejidad de los procedimientos de investigación, que se consideran ineficaces, ya que los casos suelen pasar entre distintos departamentos, lo que provoca confusión a nivel judicial. El segundo es la falta de instituciones humanitarias en Perú, consideradas necesarias para un enfoque transnacional de la cuestión. El tercero es la falta de recursos tecnológicos adecuados, en particular de laboratorios especializados donde se puedan realizar análisis. El cuarto se refiere a la falta de participación activa de las familias en las encuestas e investigaciones. Este último punto es probablemente el más importante, ya que está vinculado a la también crucial cuestión de la desconfianza popular en las instituciones.

Un reto para el gobierno y la sociedad civil

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Perú ocupa el puesto 79 en el Índice de Desigualdad de Género entre los países considerados de "alto desarrollo humano". Sin embargo, la lista sólo considera la situación de las mujeres en relación con factores como la salud, la educación y la participación en el mercado laboral, por lo que no tiene en cuenta fenómenos similares de indudable importancia negativa. Esto puede dar pie a la reflexión sobre lo duro que puede ser en realidad la situación de las mujeres, incluso en países considerados positivos en este sentido. Finalmente, en la declaración pública, el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento para que la cuestión de las desapariciones de mujeres se aborde en el primer Plan Nacional contra la Violencia de Género, que debe publicarse en 2022. Este delicado proceso se suma a los numerosos retos a los que se enfrenta el nuevo Presidente del Perú, Pedro Castillo, que ha juramentado en su cargo el pasado 28 de julio.