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y la inminente crisis de la deuda muestra que 25 países a nivel mundial -la mayoría ya agobiados por la pobreza y las privaciones- gastaron en 2019 un porcentaje mayor del gasto público total en servicios de la deuda que en servicios de educación, salud y protección social juntos. Según el informe, es necesario actuar a nivel mundial para proteger el gasto social y, con él, el derecho de todos los niños a la seguridad social, la educación y los servicios sanitarios. 

"Los niños que viven en países con una elevada carga de la deuda y recursos limitados para la protección social, la educación y la salud tienen pocas probabilidades de salir de la pobreza y las privaciones", afirmó Henrietta Fore, Directora General de UNICEF. "Los costes privados y públicos son enormes y dejan a los niños, a las comunidades y a sus países con pocas esperanzas de economías sostenibles y desarrollo social".

Según el informe, antes de la pandemia de COVID-19, los países con los niveles más altos de servicios de deuda -entre ellos Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur- gastaban al menos 3 dólares en deuda por cada 1 dólar dedicado a servicios sociales básicos. Además, el informe muestra que en una cuarta parte de los países de renta baja y media -donde viven 200 millones de niños- existe actualmente un aumento de la deuda o el riesgo de que aumente.

Aunque los países del G20 se han adherido a la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, que abarca el periodo comprendido entre abril de 2020 y junio de 2021, sólo 1 de cada 3 países elegibles ha participado. Hasta ahora, la iniciativa ha contribuido a preservar el gasto en sanidad y protección social en los 46 países participantes. Sin embargo, el gasto en educación ya se había contraído el año pasado. Según el informe, los países endeudados ya han recortado el gasto en protección social, nutrición, agua y saneamiento.  

"La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial a la que hay que responder para evitar que la generación COVID-19 se convierta en una generación perdida. Debido al COVID-19 y a la carga de la deuda a la que se enfrentan los países, ya estamos viendo cómo se reducen los presupuestos de educación en un momento en el que los países necesitan invertir en la mejora de los sistemas educativos", continuó Fore.

El informe también muestra que la respuesta global a la crisis de la deuda es demasiado pequeña en comparación con la respuesta fiscal global a la COVID-19. La suspensión de la deuda no cubre actualmente la deuda con los acreedores comerciales, lo que deja a los países de renta media cada vez más expuestos.

Una nueva reestructuración de la arquitectura de la deuda internacional -que incluya un mayor apoyo en condiciones favorables para los países pobres gravemente endeudados, una mayor transparencia sobre la deuda como parte de los procesos presupuestarios nacionales y una acción coordinada en nombre de los acreedores- es fundamental para proteger los derechos de los niños de las consecuencias de la COVID-19.

"El alivio y la reestructuración integrales de la deuda son fundamentales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, de modo que los niños no tengan que soportar la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro", continuó Fore. "Es imperativo que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos para reducir la carga de la deuda y destinar los ahorros a inversiones sociales inclusivas".