Caos en una ciudad de la Amazonia después de 21 días sin electricidad
Ciudad del Vaticano
Nauta es la capital de la provincia de Loreto, ubicada en el corazón de la selva peruana, bañada por el río Marañón. La mayoría de su población se dedica a la pesca, la agricultura y al comercio informal. En ella conviven los pueblos kukama, urarina, achuar y kichwa, quienes deben lidiar con un Estado indiferente, que en medio de la mayor crisis que se vive en mucho tiempo, ha abandonado descaradamente sus responsabilidades. Tal y como informa Radio Ucamara a través de la web de la REPAM (Red Eclesial Panamazonica), un poblador que acompaña las marchas, Francisco Yaicate, asegura que llevan “meses con cortes” y estas últimas semanas “sin energía eléctrica”: “nos quitan la luz y encima nos cobran excesivo”.
En la región Loreto se paga la energía más cara del país
Esta crisis no es nueva, el mismo Estado ha obligado a que la gente de las comunidades migre a las ciudades en busca de mejores condiciones de educación, de salud y acceso a recursos económicos y las denuncias contra la empresa Electro Oriente tienen historia.
Desde hace años, la población se queja del pésimo servicio y de los pagos exagerados, pues en la región Loreto, se paga la energía más cara del país. Los vecinos de esta ciudad se enfrentan desde el 2018 a cortes prolongados sin explicación, las familias que viven de ventas diarias han perdido sus ingresos por la falta de energía y los comerciantes de productos de primera necesidad se han visto afectados.
Sin agua potable y ahora sin energía eléctrica
En Nauta, como en muchas ciudades de la Amazonía, no hay agua potable. Los sistemas de salud y de educación son lamentables y para mas inri, ahora tampoco tienen energía eléctrica. “Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son esenciales y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social, condición que se requiere para la erradicación de la pobreza” se lee en la web de la REPAM, al tiempo que recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el acceso a la energía eléctrica como Derecho Económico y Social exigido en los tratados internacionales.
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