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Reformar el sistema de control y gestión de los recursos minerales en Papúa Nueva Guinea: esto es lo que piden la Caritas nacional y la Sociedad Profesional Católica (CPS) en una nota publicada en los últimos días, mientras que en el país se están evaluando actualmente tres proyectos mineros, relativos a dos yacimientos de oro, el de Wafi y el que se encuentra a lo largo del río Frieda, y una mina de arena, situada en Madang.  "Nuestros padres fundadores siempre han sostenido que el país debe tomar el control total y responsable del desarrollo de sus recursos naturales, a fin de asegurar un retorno justo para su pueblo. La propia Constitución, en su artículo 4, sanciona "el uso prudente de los recursos naturales como la madera, la pesca, los minerales, el petróleo y el gas, tanto para las generaciones presentes como para las futuras". Por esta razón, Caritas y CPS hacen hincapié en que "cualquier proyecto extractivo debe ser respetuoso con el medio ambiente y tener un impacto mínimo en el medio ambiente, a fin de evitar la contaminación y la destrucción".

Por consiguiente, corresponde "al gobierno, las empresas y las industrias", continúa la nota, "asegurar un enfoque responsable del desarrollo de los recursos naturales de la nación". Los inversores extranjeros "son bienvenidos", reiteran los dos organismos católicos, "siempre y cuando no actúen a expensas de nuestro pueblo y del medio ambiente".

El objetivo a alcanzar es el del beneficio para todas las partes implicadas, a saber, "el gobierno, las empresas, los propietarios de tierras, los ciudadanos individuales y la preservación de la Creación". Teniendo esto en cuenta, la nota pide "reformas legislativas" que avancen hacia ese objetivo, con el fin de lograr "acuerdos contractuales que logren una situación en la que todos salgan ganando", gracias a una "distribución equitativa de los beneficios", en lugar del habitual plan de "concesión-impuestos-retribución" que, en cambio, lleva a compartir sólo "los impactos negativos de los proyectos mineros".

En cuanto al desarrollo propuesto de las minas de oro de los ríos Wafi y Frieda y del depósito de arena de Madang, los firmantes de la nota subrayan que todos estos proyectos "entrañan graves riesgos" tanto porque "no son sostenibles desde el punto de vista ambiental" como porque "no son rentables desde el punto de vista económico". En particular, en el caso de Madang, se observa que el proyecto presentado "carece de consentimiento informado", así como de "una ley específica sobre el tema relativa a la explotación de los fondos marinos".

Cáritas y CPS  se muestran fuertemente preocupadas sobre "los peores impactos y consecuencias negativas" que las propuestas mineras podrían tener en las poblaciones directamente afectadas. "El gobierno nacional debe tener en cuenta estos graves problemas", concluye la nota, que finalmente reafirma la oposición de ambos organismos católicos a proyectos similares, así como el apoyo a todos aquellos que dicen estar en contra de ellos.