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Son miles de familias que viven en los municipios salvadoreños fronterizos con Honduras en el departamento de Chalatenango y que ahora se ven afectadas por la creciente militarización de esta región ordenada por el presidente Nayib Bukele hace poco más de una semana. Los alcaldes de la zona, el pasado 22 de octubre, en conferencia de prensa, rechazaron las acusaciones de ser cómplices con el narcotráfico en sus municipios y abogaron por los derechos de la población.

El 26 de octubre en la que pide al gobierno que mantenga un diálogo principalmente porque la cosecha de varios cultivos está a punto de alcanzar el punto máximo de la temporada, y cualquier pérdida perjudicaría a las personas ya afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del Coronavirus. Los dirigentes católicos se refieren al aumento de la presencia militar a lo largo de la frontera septentrional de El Salvador con Honduras, que tiene graves consecuencias para la libre circulación y los medios de vida de las comunidades rurales.

Dos datos a subrayar en el departamento de Chalatenango es que en la mayoría de sus municipios los niveles de violencia son bajos, así como el nivel de contagios por el Covid-19; según datos del gobierno, Chalatenango es el tercer departamento con menos casos. Esto se explica, al menos parcialmente, por el nivel de organización de las comunidades locales, que incluye a actores sociales como la policía y las municipalidades.

Según Manuel Acosta, profesor de la Universidad Centroamericana de San Salvador y sacerdote de la diócesis de Chalatenango, la región afectada, los soldados, que han estado presentes allí desde la época de una disputa fronteriza resuelta por un tribunal internacional en La Haya en 1992, han aumentado recientemente: "La presencia militar se duplicó durante la pandemia de marzo", dijo, "pero alrededor del 20 de octubre se volvió exagerada, y no dejan pasar a nadie".

En marzo, debido a la pandemia, el país cerró sus fronteras, incluido el aeropuerto, para evitar el contagio, por temor a que la gente se escapara por el paso de montaña de Chalatenango. El pasado mes de septiembre, el aeropuerto reabrió sus puertas, al igual que los pasos fronterizos terrestres oficiales, pero los soldados no abandonaron la zona en cuestión y el gobierno justificó su presencia con actividades para impedir el tráfico de drogas.

En el momento de la sentencia de La Haya, un grupo de campesinos salvadoreños encontró repentinamente su hogar en Honduras, al otro lado de la frontera, mientras que la tierra había permanecido en el lado salvadoreño. Lo mismo ocurrió con muchos agricultores hondureños. "Ambas poblaciones se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que siempre han tenido - dice el Padre Acosta - son comunidades olvidadas por el gobierno". Ahora, sin embargo, con la creciente militarización, a la gente le resulta difícil desplazarse como siempre lo ha hecho y la falta de trabajo en los campos está teniendo graves consecuencias en los cultivos de los que se deriva su subsistencia.

Por los anteriores razonamientos, el comunicado afirma que la Iglesia de Chalatenango no se opone a la presencia de los militares, sino al hecho de que impidan la libre movilización de los campesinos que tienen que atender sus trabajos agrícolas.

Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar, obispo de Chalatenango, también intervino en el tema y pidió al gobierno que inicie un diálogo para encontrar una solución pacífica: "El presidente tiene el deber de salvaguardar el territorio nacional", dijo el prelado, "pero el gobierno no debe estigmatizar a todos los que viven en esa zona como narcotraficantes, especialmente a los trabajadores agrícolas que sólo tratan de sobrevivir". Como diócesis, no estamos en contra de la presencia militar en esos puntos de la frontera, siempre que se respete la Constitución y se respeten los derechos de las personas, incluido el derecho a circular libremente, a cultivar, a controlar el ganado, a visitar a las familias al otro lado de la frontera y a participar en los servicios religiosos más cercanos".

La diócesis pidió al Gobierno que examine la posibilidad de expedir permisos especiales o "documentos binacionales" que permitan a quienes han trabajado y vivido pacíficamente en el país durante mucho tiempo seguir haciéndolo.