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Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

El pasado martes, en Ginebra, en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, presentó sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que cubre el periodo entre el 19 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019.

Bachelet informa al Consejo presente, que desde que se “reanudó el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a finales de febrero de 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis”. Durante el periodo analizado, los principales grupos civiles creados tras el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua fueron objeto de ataques, lo que se suma a las medidas que el Ejecutivo tomó contra reconocidas ONGS que operaban desde antes. A nueve de ellas, se les canceló el registró legal y, aunque seis han impugnado esta decisión, las esperanzas de ganar la causa son pocas, debido a las evidencias de falta de independencia judicial que figuran en la investigación.

Acciones ilegales cometidas por los jueces y magistrados

Entre las cerca de 200 entrevistas que el organismo de Bachelet realizó para sustentar su informe figura la de un exmagistrado del Supremo que admitió que "los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno". De manera general, se observó que las autoridades "violaron el derecho a la presunción de inocencia de la mayoría de detenidos", se negó a numerosos abogados revisar los expedientes de sus clientes y en muchos casos, aunque las acusaciones fiscales no eran consistentes, los jueces las aceptaron.

Es importante destacar, que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy, se lee en el informe, la libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses. Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos.

Se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Desde septiembre de 2018, la Policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del Gobierno. Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas, a pesar de la prohibición, fueron arrestados y en la mayoría de los casos, liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto.

Diálogo Nacional: Iniciativa encomiable

La reanudación del diálogo nacional en febrero de 2019 fue una iniciativa encomiable, se lee en el documento, el acuerdo suscrito con la Alianza Cívica, sobre la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas de 2018, resultó en la liberación de 492 personas (452 hombres y 40 mujeres), según fuentes oficiales. Organizaciones de la sociedad civil han indicado, sin embargo, que más de 100 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas, la mayoría detenidas a partir de febrero de 2019, permanecen en prisión.

El informe de la ACNUDH afirma que el segundo acuerdo suscrito sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, al parecer no ha sido respetado y el Gobierno ha dado por concluidas las negociaciones. Por otro lado, mi Oficina, se lee en el informe de Bachelet, ha constatado la expulsión arbitraria de estudiantes universitarios críticos del Gobierno y el despido improcedente de médicos que asistieron a heridos durante las protestas y profesores no afines al Gobierno.

CIDH pide que el mundo no olvide que represión sigue en Nicaragua

acudió a la ONU para pedir a la comunidad internacional que no olvide que la crisis y la represión en Nicaragua persisten, y que no hay condiciones para el retorno de miles de nicaragüenses que huyeron del país por esta situación. Según la comisionada Antonia Urrejola, más de 83.000 personas se han visto forzadas al exilio. La representante de la CIDH hizo una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por invitación de la Alta comisionada Michelle Bachelet.

, se informa que la comisionada Urrejola sostuvo que la CIDH ha recibido información sobre el incremento de la violencia en zonas rurales del interior del país y de asesinatos de personas identificadas como opositoras al Gobierno. Esos hechos no han sido investigados de forma imparcial y oportunidad, agregó Urrejola. La instancia interamericana ha constatado que continúan el acoso y las agresiones contra líderes opositores "con fines disuasivos" y para lo cual se les detiene por algunas horas. "Reitero, la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. Persiste la instalación de facto de un Estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas", dijo. En ese sentido, pidió que el mundo mantenga la atención sobre la crisis en Nicaragua, que en los últimos meses ha menguado y ha quedado a la sombra de la que sufre Venezuela.

En el Consejo de la ONU, por parte del gobierno habló el ministro asesor para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, quien inició su intervención pidiendo que se deje de mirar atrás y que se hable de "la realidad actual" que, según él, es muy diferente a lo descrito por Urrejola y Bachelet. Niega las denuncias de parte de la ACNUDH y la CIDH que "los periodistas son perseguidos sistemáticamente", así como el "hostigamiento a defensores de los derechos humanos".

En la sección del debate dedicada a los comentarios del resto de países, la Unión Europea pidió una reforma electoral que permita que se realicen elecciones democráticas en Nicaragua y que se autorice el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos que fueron expulsadas por Ortega. La delegación de Argentina -que intervino en representación de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú- respaldó el informe de Bachelet y lamentó que éste confirme la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y que la negación a las víctimas del derecho a la justicia.

Episcopado comienza semana de oración por la justicia y la paz 

La Conferencia Episcopal de Nicaragua inició este domingo en este país centroamericano. La jornada de oración se dio por iniciada en cada catedral y parroquia de Nicaragua, acompañada de una procesión con la imagen de la "Inmaculada Virgen Niña".

"Estamos celebrando una semana de oración por nuestra patria de Nicaragua", . "Con esta semana de oración por la nación, la fe se pone al servicio de la justicia, del derecho y de la paz", señaló. Aseguró que los nicaragüenses son "un pueblo con fe y al estar orando por nuestra patria, en esta semana del 8 al 15 de septiembre, nos anima a ser protagonistas de nuestro tiempo y no espectadores de la historia". Anotó que los nicaragüenses tienen una vocación de ser fraternos, acogedores, de entendimiento y no de enfrentamiento, y justo esa es una de las razones que los motivó a promover esa jornada de oración.

Durante la semana de oración, los obispos y sacerdotes pedirán por la paz, la justicia, la libertad, la vida democrática del país, las familias, los perseguidos y encarcelados, los jóvenes, y por las autoridades.