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Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia – tanto en Venezuela como en el resto del mundo – a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”. Con este llamamiento, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Venezuela adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el último decenio en el país, y especialmente desde 2016. El documento se basa en 58 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019 en el cual, “el Gobierno venezolano y sus instituciones – se afirma en el documento – han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.  

El informe también destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos y advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

10 años de torturas, violencia sexual y malos tratos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas  también detalla en el informe la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, atribuyendo tanto a fuerzas civiles como militares la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Se registran 6.856 muertes entre 2018 y 2019 por “resistencia a la autoridad”

En el contexto de las operaciones policiales, el documento muestra la elevada proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y en particular por las Fuerzas Especiales (FAES): en 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de dichas operaciones y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. No hay que olvidar que se trata de las estadísticas del propio Gobierno; otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

Sistema judicial corrupto: los venezolanos no denuncian por miedo a las represalias

El informe además insiste en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso a la justicia y muchos de ellos ni siquiera han tenido valor de denunciar, por miedo a las represalias: “Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Y a esto se le suma que el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos.

1.557 fallecimientos en hospitales por falta de suministros

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también denuncia la grave situación sanitaria del país e ilustra los datos recogidos en la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019 en el que se informa que desde noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo 1.557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros. “Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos” concluye el documento.