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Sofía Lobos - Ciudad del Vaticano

Cuando se cumple un año del dramático éxodo de los rohingya, que forzó a 700.000 personas a huir de Myanmar (antigua Birmania), para refugiarse en el país vecino Bangladés, la ONU acusa de genocidio al Ejército birmano por la persecución durante décadas de esta minoría étnica musulmana.

El informe, difundido recientemente y redactado por tres expertos que han efectuado cientos de entrevistas, recomienda juzgar en el Tribunal Penal Internacional de La Haya a seis altos cargos militares birmanos, incluido el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ming Aung Hlaing.

El documento también involucra al Gobierno dirigido actualmente por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien fuera considerada "un icono de la lucha por la libertad" y a quien se le critica su silencio sobre la represión que sufren los rohingyas.

Crímenes de omisión contra un pueblo minoritario

Aunque los expertos de Naciones Unidas creen que «las autoridades civiles tienen poco control sobre los militares», los culpan de haber «contribuido a la comisión de crímenes atroces con sus actos y omisiones».

Señalando directamente a Aung San Suu Kyi, el informe asegura que no ha usado su posición de facto como jefa del Gobierno, ni su autoridad moral, para impedir ni detener los hechos en el Estado de Rakhine.

Por otra parte, hace ahora un año, el Ejército birmano lanzó en dicho Estado del oeste del país, una brutal ofensiva contra la minoría rohingya después de que un grupo fundamentalista musulmán, perteneciente al Ejército de Salvación de Arakán, atacara una base y treinta puestos militares el 25 de agosto de 2017.

Tal como afirman varios refugiados, "los soldados quemaron las casas, mataron a los hombres y violaron a las mujeres". A pesar del acuerdo entre ambos gobiernos alcanzado el pasado septiembre para que volvieran a sus hogares, los rohingya siguen en Bangladés porque tienen miedo de regresar a Myanmar.

Violencia indiscriminada: genocidio

«La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, atacar a los niños y quemar pueblos enteros», denuncia el escrito. Aunque el Gobierno birmano no ha permitido a los expertos de la ONU atravesar sus fronteras, estos han tomado el testimonio de 875 víctimas y testigos; basándose además en numerosos vídeos, fotografías, documentos e imágenes por satélite.

Después de analizar todo este material que se extiende hasta los Estados de Kachin y Shan, donde también operan dos guerrillas étnicas que controlan sus propios territorios; a los expertos no les quedan dudas sobre lo ocurrido contra los rohingyas: un genocidio.

Aunque el informe recomienda llevar a los responsables militares al Tribunal Penal Internacional, o bien crear en la ONU un comité independiente para investigar sus crímenes de guerra, la propuesta no saldrá adelante por el derecho a veto en el Consejo de Seguridad que tiene China, aliada de Myanmar.