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El gobierno nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales del país, transfiriendo su patrimonio al Estado. La decisión, aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, y publicada en La Gaceta oficial de Nicaragua, se debe al incumplimiento por parte de las ONG de algunas obligaciones, como la de presentar «por periodos de entre uno y 35 años sus presupuestos según ejercicios fiscales, con desglose detallado de ingresos y gastos, presupuestos de pagos, detalle de donaciones y sus juntas directivas». Las organizaciones, informan algunos sitios independientes como 100%Noticias y La Prensa, que no recibieron notificación previa, son acusadas por el Gobierno de obstruir el control del Ministerio del Interior. Según el acuerdo vigente hasta ahora, la Procuraduría General de la República se encargará a partir de ahora de la transferencia de bienes muebles e inmuebles en nombre del Estado de Nicaragua.

Las ONG, obligadas a colaborar con el Estado

Este cierre masivo, señalan los medios de comunicación, se produce tras el anuncio de la vicepresidenta Rosario Murillo de “un nuevo modelo de alianzas entre las ONG y el Gobierno”, en el que las organizaciones están ahora “obligadas a presentar programas o proyectos y a colaborar con instituciones estatales” para poder ejecutar sus proyectos. También se han eliminado las exenciones. La mayoría de las ONG cerradas pertenecen a comunidades evangélicas, mientras que entre las católicas figura la Cáritas diocesana de Granada. Asociaciones benéficas, deportivas e indígenas también aparecen en la lista. Con esta última actuación, sin precedentes ya que por primera vez se ilegalizan 1.500 organizaciones con un solo acto, el número de ONG disueltas desde 2018, inicio de las protestas populares, supera las 5.200.