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“Este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los Jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”, es cuanto afirman en un , tras la publicación, este 23 de agosto, del decreto del Gobierno de Nicaragua, por medio del Acuerdo Ministerial N.105-2023, con el cual se aprobó la “cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua” y se estableció que la Procuraduría General de la República traspase al Estado los bienes inmuebles y muebles de la misma.

No hubo oportunidad a la legítima defensa

En el se da a conocer que, esta decisión se tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley. “Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018 – se lee en el comunicado – este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los Jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.

Asimismo, se recuerda en el documento que, en los días pasados, el Gobierno había quitado a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua uno de sus bienes: la residencia donde vivían algunos de sus miembros en Managua. “En esta ocasión, además de la ocupación del inmueble, se desalojó a sus moradores sin darles un tiempo razonable para recoger y llevarse sus pertenencias personales”.

Un contexto nacional de represión sistemática

Ante ello, la Provincia de Centro América de la Compañía de Jesús condenó esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua. La considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como “crímenes de lesa humanidad” por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas. Por ello, confirman que, “todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario”. Y a la vez, responsabilizan “al Presidente y a la Vicepresidenta actual de Nicaragua por estar, por lo menos, cohonestado estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.

Cese la represión y se restablezca el diálogo

Asimismo, los Jesuitas en Centroamérica piden a la pareja presidencial que, “cese la represión, acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los Derechos humanos, el estado de derecho. Respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”.

Y gradeciendo las innumerables muestras de reconocimiento, apoyo y solidaridad que ha recibido ante estos crecientes atropellos, la Compañía de Jesús, “se une a los miles de víctimas nicaragüenses que están esperando se les haga justicia y se repare el daño que el actual gobierno nicaragüense está causando”.

ODUCAL: Cese la creciente agresión que afecta el sistema universitario

Por su parte, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL), en representación de sus 116 afiliadas, manifiesta su profunda preocupación frente el asedio, la confiscación de bienes y el cierre que ha sufrido la Universidad Centroamericana (UCA) con sede en Managua y expresa su solidaridad con su comunidad educativa. “La UCA – se lee en – es una institución católica de la Compañía de Jesús con más de 60 años de historia que ha hecho un gran aporte a través de su docencia, investigación y enorme incidencia pública, buscando insistentemente y con valentía la paz y la justicia en Nicaragua”.

Y piden que, “sean revertidas y corregidas inmediatamente las drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense en contra de las instituciones educativas universitarias católicas. Cese la creciente agresión que afecta el sistema universitario nicaragüense y sus integrantes. Se busque una solución racional en la que imperen la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.