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Desde Managua hasta Washington fueron deportados por la justicia de Nicaragua 222 presos por razones políticas, entre ellos cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas que recibieron acusaciones de “conspiración”.

El Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la deportación, divulgando un comunicado en el que sentenciaba la “deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.

Según la lista divulgada por las autoridades, entre los deportados se encuentran los presbíteros Óscar Benavides, Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Díaz y Benito Martínez; también el diácono Raúl Vega; los seminaristas Melkin Centeno, Darvin Leyva. Y dos servidores de los medios de comunicación de la Diócesis de Matagalpa: Manuel Obando y Wilberto Astola.

Los deportados fueron declarados “traidores de la patria” y les “suspendieron sus derechos ciudadanos de manera perpetua”, perdiendo de esta manera su nacionalidad nicaragüense.

Fuentes locales aseguran que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez, continúa en Nicaragua y podría ser condenado el próximo 15 de febrero. De igual manera continúan detenidos dos sacerdotes: Manuel García y José Urbina del clero de la Diócesis de Granada. 

Posteriormente, las autoridades de esta nación confirmaron que monseñor Álvarez se negó a formar parte del grupo de personas desterradas, por lo cual fue recluido en la cárcel La Modelo de Tipitapa.