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Formación técnica favorece inserción de migrantes en Colombia

Un proyecto del Global Solidarity Fund busca cerrar la brecha laboral que dificulta a quienes han cruzado desde Venezuela encontrar empleos en tierras colombianas. La apuesta es vincular de modo eficiente y sistemático a los centros de capacitación pertenecientes a congregaciones religiosas con empresas que provean trabajos estables.

Felipe Herrera-Espaliat, enviado especial a Colombia

Cleiry Solórzano aún siente una profunda nostalgia cada vez que ve a jóvenes estudiantes de medicina llevando sus batas blancas. Ella también usó una un tiempo cuando cursaba dicha carrera en su Venezuela natal; sin embargo, se vio forzada a suspender su formación universitaria cuando apenas le faltaba un semestre para obtener su licencia y convertirse en doctora. La precariedad económica que padecía junto a su marido y a sus tres hijos los obligó a dejar todo atrás y cruzar la frontera hacia Colombia en busca de nuevas oportunidades. No querían grandes cosas, sino aquello que al menos les permitiera conseguir el sustento cotidiano que, en aquel triste 2018, ya no lograban obtener en Guárico, uno de los 23 estados del país, conocido también como el Corazón de Venezuela.

Su odisea original los llevó caminando cerca de mil 500 kilómetros hasta la región de Pasto, en el sur colombiano, pero allí no encontraron las oportunidades esperadas, ni de trabajo ni de acogida. Como miles de los más de seis millones de venezolanos que dejaron su país durante el último lustro, Cleiry y su familia siguieron errando por el país cafetero de pueblo en pueblo, hasta que al final se asentaron en Bogotá. Allí nació su cuarto hijo.

Cleiry Solórzano tuvo que abandonar sus estudios de medicina para emigrar de Venezuela. En Colombia hoy se gana la vida en panadería y pastelería, tras recibir una formación con ayuda de los scalabrinianos. (@Margherita Mirabella/Archivio GSF)
Cleiry Solórzano tuvo que abandonar sus estudios de medicina para emigrar de Venezuela. En Colombia hoy se gana la vida en panadería y pastelería, tras recibir una formación con ayuda de los scalabrinianos. (@Margherita Mirabella/Archivio GSF)

Una mano tendida de los Scalabrinianos

La capital colombiana tiene más de siete millones de habitantes, de los cuales entre 400 y 500 mil son venezolanos que han llegado desde 2017. La cifra no es exacta porque muchos de ellos aún no tienen residencia y permanecen indocumentados, pese a que el gobierno local ha dado facilidades para la regularización de su estatuto de inmigrantes o refugiados políticos. No obstante, la falta de redes de apoyo y de asistencia hace los trámites más complejos para los venezolanos. Quienes sí prestan ayuda para legalizar su permanencia en Colombia son los funcionarios de los Centros Integrados de Atención al Migrante (CIAMI), dependientes de la congregación religiosa de los scalabrinianos.

“Hay muchas personas con enfermedades crónicas que necesitan procedimientos o medicamentos esenciales para el desarrollo de su vida, y por no tener esta regularización en el territorio es muy difícil que puedan conseguirlos. De igual forma, para acceder al trabajo formal les exigen un permiso. Entonces, si no se tiene, ellos se ven abocados a trabajos informales que no les dejan ninguna rentabilidad, porque están trabajando bajo la necesidad del día a día y su vida se ve menoscabada”, explica Camila Motta, asesora jurídica del Centro Scalabriniano de Bogotá.

 

Pero la mano tendida de estos religiosos y de sus colaboradores laicos va mucho más allá de los temas legales, pues también se preocupan de formar técnicamente a los migrantes para que puedan encontrar empleos o se lancen a emprender sus propios negocios. Esa fue la experiencia que tuvo Cleiry Solórzano en uno de los CIAMI, donde junto a su esposo recibieron capacitación en oficios de pastelería y panadería. A partir de eso, aunque informalmente, han podido trabajar y generar ingresos para mantener a su familia. Sin embargo, ha habido momentos en que las ventas han escaseado y, la que algún día estuvo a un paso de ser doctora, se ha visto forzada, como miles de personas en Bogotá, a pasar horas escarbando bolsas de basura en las calles para recolectar material de reciclaje que posteriormente vende a un precio muy bajo.

Como asesora jurídica de los Centros Integrados de Atención al Migrante (CIAMI), Camila Motta escucha los dolores de quienes se han visto obligados a dejar Venezuela, y ahora deben regularizar su situación legal en Colombia. (@Margherita Mirabella/Archivio GSF)
Como asesora jurídica de los Centros Integrados de Atención al Migrante (CIAMI), Camila Motta escucha los dolores de quienes se han visto obligados a dejar Venezuela, y ahora deben regularizar su situación legal en Colombia. (@Margherita Mirabella/Archivio GSF)

De la capacitación al trabajo estable

Pese a que cada vez hay más posibilidades para que los venezolanos que llegan a Colombia aprendan oficios valorados por el mercado laboral, les sigue siendo complejo conseguir un trabajo estable. Y esto no solo por el aspecto legal, sino porque hasta ahora no ha existido una vinculación orgánica entre las congregaciones religiosas que ofrecen la formación técnica y las empresas que pueden dar empleo. Exactamente esa es la situación que identificó la organización de beneficencia Global Solidarity Fund (GSF), que actualmente está invirtiendo recursos en Colombia para que se cierre la brecha que separa a los migrantes de un trabajo estable. Esto les permitiría no solo sobrevivir, sino obtener una mayor autonomía para sus vidas y las de sus familias.

El GSF impulsa esta iniciativa por medio de un Hub para la innovación social, es decir, una red colaborativa que acelera y facilita el contacto entre los proyectos formativos y las empresas. Estas compañías valoran la calidad de la formación con que llegan los venezolanos tras su paso por los centros de formación de las congregaciones religiosas y aseguran que, dadas las circunstancias de sus vidas, los migrantes evidencian un alto nivel de motivación en el trabajo.

Los religiosos scalabrinianos han sido incorporados al Hub para la innovación social, lo que les ayuda a gestionar tres grandes centros de formación en Bogotá, Cúcuta y Villa del Rosario. Expertos en acompañamiento de migrantes, ellos saben que las posibilidades de encontrar un empleo aumentan cuando las personas han recibido un diploma oficial de alguna entidad de capacitación. “Nuestra misión es fomentar el emprendimiento y la empleabilidad a través de cursos básicos desde la perspectiva de las competencias laborales, lo que conlleva abrir las posibilidades para incursionar en el ámbito laboral a partir de una certificación dadas por unas instituciones de educación superior”, explica Alejandro Torres, Coordinador de Formación de los Centros CIAMI.

Precisamente en uno de esos centros se formó Cleiry Solórzano, quien hoy, pese a las dificultades de la vida, mira con esperanza su futuro. “Este tipo de proyectos ayudan a empoderarse, a buscar la empleabilidad, porque no todos siempre podemos pensar que vamos a ser trabajadores informales. Tenemos que tratar de tener una estabilidad más a futuro. Estos proyectos me han ayudado a desenvolverme, a abrir nuevos horizontes, y a desarrollar la idea de, aparte de ser médico, tener una panadería y pastelería. Son nuevas facetas que tenía escondidas y que esta migración me ayudó a explorarlas y explotarlas”, concluye con ilusión Cleiry, quien ahora está formándose, además, en un curso de manicure en la Uniagostiniana de Bogotá.

El Global Solidarity Fund impulsa en Colombia un Hub para la innovación social, que ayuda a que las congregaciones religiosas trabajen de modo más coordinado y eficiente en su servicio de formación técnica a los migrantes. (@Margherita Mirabella/Archivio GSF)
El Global Solidarity Fund impulsa en Colombia un Hub para la innovación social, que ayuda a que las congregaciones religiosas trabajen de modo más coordinado y eficiente en su servicio de formación técnica a los migrantes. (@Margherita Mirabella/Archivio GSF)

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16 diciembre 2022, 11:30