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Tiziana Campisi – Ciudad del Vaticano

Según un informe del gobierno de Nicaragua, las Hermana de la Madre Teresa de Calcuta habrían incumplido ciertas obligaciones legales, violando la normativa contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y no están acreditadas por el Ministerio de la Familia para dirigir sus actividades.

Así se lee en una nota de prensa firmada en la curia arzobispal de Managua el 4 de julio, por el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Managua.

En efecto, el gobierno nicaragüense emitió un decreto por el que se anula la personalidad jurídica de 101 ONG, entre ellas la Asociación de las Misioneras de la Caridad. El parlamento ratificó la norma y las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que se dedican en diversas estructuras para niños, jóvenes y ancianos necesitados e indigentes, ahora tienen que abandonar el país.

Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Entidades sin ánimo de lucro del Ministerio del Interior, las monjas no han cumplido con ciertas obligaciones legales y están infringiendo la normativa contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El informe también señala que la asociación de las Misioneras de la Caridad no está acreditada por el Ministerio de la Familia para llevar a cabo sus actividades y que no tiene el permiso del Ministerio de Educación para hacerlo en el ámbito educativo.

El Ejecutivo también asegura que las monjas no han informado de las inmovilizaciones ni han dado a conocer sus actividades en la ciudad de Granada y que sus ingresos por donaciones no coinciden con la documentación presentada. Además, la junta directiva de su asociación está compuesta exclusivamente por ciudadanos de otras nacionalidades, mientras que la nueva Ley 1115, que regula las ONG, establece que sólo el 25% puede proceder del extranjero.

Decisión que "entristece mucho"

En el país, el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en Managua desde 2018, ya fue expulsado en marzo pasado. El gobierno decidió retirar su aprobación, ordenándole que abandonara el territorio inmediatamente después de la notificación de la medida. Una medida que le pareció "incomprensible" a la Santa Sede, que en un comunicado destacó la "profunda dedicación del nuncio al bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente de los más vulnerables", en un intento de fomentar siempre "las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las autoridades de Nicaragua".

Por su parte, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, expresó su malestar por la expulsión de estas religiosas en un tuit:

"Me entristece mucho que la dictadura haya obligado a las Hermanas Misioneras de la Caridad de Teresa de Calcuta a abandonar el país", escribió el prelado. Y publicó una foto suya con las hermanas, a la vez que afirmó: “Nada justifica privar a los pobres de los cuidados de la caridad. Son un testimonio del servicio amoroso que las hermanas han prestado. Que Dios las bendiga".

Confederación Latinoamericana de Religiosos 

La Confederación Latinoamericana de Religiosos también se solidarizó con las hermanas en otro tuit, afirmando que "esta incomprensible situación" las une y fortalece "para seguir clamando por los más pobres, que hoy sufren las consecuencias de esta decisión del gobierno de Nicaragua".

Misiones de las hermanas de Calcuta en el país

Las Misioneras de la Caridad están presentes en el país centroamericano desde 1988, cuando la Madre Teresa de Calcuta lo visitó y se reunió con Daniel Ortega, quien entonces también era presidente. Desde entonces, las hermanas han ofrecido un servicio ininterrumpido a los más pobres. En Granada dirigían un centro de acogida para adolescentes abandonados o maltratados a los que proporcionaban ayuda psicológica y escolarización.

Las religiosas también enseñaban música, teatro, costura y otros oficios para que los jóvenes pudieran integrarse en la sociedad. En Managua, además de crear una residencia de ancianos, desarrollaron un proyecto para estudiantes en situación de riesgo, en su mayoría hijos de trabajadoras de los mercados populares, mientras que en una guardería atendían a niños de familias con pocos recursos, principalmente madres solteras o vendedores ambulantes.

Las 101 organizaciones obligadas a cerrar en estos días se suman a las más de 750 a las que el gobierno ha negado la personalidad jurídica en los últimos años. El pasado mes de mayo fue el turno del Instituto Juan XXIII, vinculado a la Universidad de Centroamérica (UCA), que ayudó a unas 400.000 personas con sus programas de vivienda, proyectos de ecología global y, sobre todo, de salud. Sin embargo, a principios de junio, TV Merced, una cadena católica de la diócesis de Matagalpa, tuvo que dejar de emitir.