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Sebastián Sansón Ferrari 鈥� Pope

Luego del jueves 30 de junio, cuando se firmó el acuerdo por la paz entre el Gobierno y el movimiento indígena en Ecuador, que permitió concluir el paro de 17 días, comenzó un período de 90 días en el que se activó una mesa de diálogo. La Conferencia Episcopal del país sudamericano, la CEE, actúa como mediadora en este proceso.

13 de julio

Se instalaron acordadas entre el Gobierno Nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN).

Analizaron dos temas: la focalización de los subsidios a los combustibles y los créditos con la banca pública y privada.

18 de julio

Con gran alegría, se que la mesa de diálogo número 2, titulada 鈥淏anca pública y privada鈥�, concluyó su trabajo el lunes 18 de julio. Fueron 鈥渃uatro días marcados por una escucha intensa, un alto nivel técnico y un claro deseo de encontrar soluciones que beneficien al país entero鈥�.

Participaron los representantes de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del directorio de BAN Ecuador, de la Junta de Política y Regulación Financiera, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la CONAFIPs, de la ASOBANCA, de la ASOFIPSE, y de las organizaciones CONAIE, FENOCIN y FEINE.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno del Ecuador informó, a través de un que las mesas temáticas se reinstalarán el próximo 26 de julio. El primer encuentro tratará sobre el control de precios; el segundo, sobre focalización de combustibles, y el 1º de agosto los delegados dialogarán sobre el extractivismo. El Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, enfatizó que estos espacios 鈥渟on un esfuerzo sin precedentes, que demuestran una nueva forma de hacer política, a través del intercambio de criterios con democracia y paz鈥�.

Temas diversos en tratamiento

El conjunto de asuntos que abarca este proceso de diálogo, como reportan agencias, son diversos: fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, control de precios, acceso a salud y seguridad.