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Anna Poce - Ciudad del Vaticano

Tras una reunión con los líderes del Congreso Nacional de Perú, ante la ola de protestas y enfrentamientos con la policía que dejaron varios heridos en Lima y otras ciudades del país, el presidente peruano Castillo decidió el martes por la tarde revocar la orden de inmovilización de los ciudadanos. La orden, anunciada el lunes por la noche en un mensaje a la nación, estaba prevista para el martes 5 de abril, desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del mismo día.

Medida "desproporcionada"

La medida adoptada por el presidente Castillo, tras los informes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú sobre la compleja situación del país, debido a las protestas de transportistas y agricultores, había sido rechazada públicamente por la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Monseñor Miguel Cabrejos, en un comunicado publicado el 5 de abril en la página web del CELAM, había subrayado que la medida era "desproporcionada" y que el gobierno debía transparentar el motivo de su decisión. "Esto es casi como un estado de sitio", había dicho, "que se aplica, según nuestra Constitución, sólo a los casos de invasión, guerra exterior y guerra civil".

Como más del 70% de los trabajadores de Perú son informales, el arzobispo de Trujillo había señalado que esta medida afectaba directamente a los pobres, que se veían obligados a buscar el sustento diario para sus familias. Por ello, dada la gravedad de la situación, la Iglesia ha instado a las autoridades a encontrar una solución rápida y sana a esta crisis durante sus reuniones.

Un decreto contra los derechos fundamentales del pueblo

Como las crisis no se resuelven suspendiendo los derechos de las personas, Monseñor Cabrejos también había manifestado que la opinión pública había interpretado esta medida como una acción improvisada del gobierno, debido a su dificultad para gestionar los conflictos surgidos ante la crisis social y política provocada por el paro indefinido de los trabajadores del transporte en todo el país. "Piensen en el pueblo peruano, piensen en los pobres, piensen en quienes los eligieron", había pedido el arzobispo, recordando que el derecho a la protesta es legítimo y que la Iglesia nunca ha apoyado la violencia como medio de expresión de las ideas. Por el contrario, siempre se ha comprometido a trabajar por la reconciliación y el bien del pueblo peruano.