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Ciudad del Vaticano

Proteger a las familias, garantizar el debido proceso y respetar la dignidad humana de los migrantes: esto es lo que pide la (USCCB, por sus siglas en inglés) ante el reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno ha anunciado que pondrá a algunas familias de migrantes en un procedimiento de deportación acelerado.

Esta práctica permitirá a los funcionarios decidir rápidamente, y sin una audiencia judicial, la deportación de migrantes sospechosos de haber entrado recientemente en EEUU sin control. "Es una opinión extendida -se lee en el sitio web de los prelados estadounidenses- que el uso de dicho procedimiento socava el justo proceso e impide el acceso a las protecciones garantizadas por el derecho nacional e internacional", especialmente desde que "el gobierno federal ha anunciado que seguirá utilizando las medidas previstas para bloquear y deportar a los solicitantes de asilo, incluidas las familias con niños".

Garantizar una frontera segura

Todo ello mientras, el 27 de julio, el gobierno de Biden anunciaba su último plan para revisar el sistema de migración de la nación de forma "justa, ordenada y humana". Desglosado en áreas específicas, el programa pretende "garantizar una frontera segura, humana y bien gestionada; implementar una tramitación ordenada y justa de las solicitudes de asilo; reforzar la gestión migratoria en colaboración con los socios regionales; e invertir en Centroamérica para abordar las causas profundas de la migración".

En respuesta a estos anuncios, monseñor Mario E. Dorsonville, obispo auxiliar de Washington y presidente del Comité de Migración de la USCCB, emitió una declaración en la que decía: "En febrero, acogimos con satisfacción las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden sobre el restablecimiento del debido proceso en el sistema de migración legal. De hecho, es vital para que el Estado de Derecho florezca de acuerdo con el bien común". Por lo tanto, "no puede haber un sistema de inmigración 'justo, ordenado y humano' sin sólidas protecciones del debido proceso".

Preocupación por la salud pública

Con esto en mente, los obispos piden a la administración que "dé marcha atrás en el uso ampliado de la deportación acelerada; que promueva genuinamente el debido proceso, en línea con los compromisos del pasado; que trabaje junta como nación para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes de acuerdo con la dignidad que Dios les ha dado" y en sintonía con los numerosos llamamientos del Papa Francisco. Al mismo tiempo, los prelados afirmaron ser conscientes de las "preocupaciones por la salud pública", por lo tanto, alentaron "las políticas respaldadas por sólidas bases científicas" y se opusieron a "las que tienen un impacto generalizado en las familias, los niños y las poblaciones vulnerables".

De ahí también el agradecimiento expresado por la Iglesia católica a la administración por todos los esfuerzos realizados para "ampliar el acceso a la vacunación anti-Covid de los migrantes". "En este Año de San José -concluye la nota episcopal- rezamos para que el patrón de la familia interceda en favor de las familias migrantes más vulnerables, especialmente las que se desplazan con niños y ancianos".