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Isabella Piro-Ciudad del Vaticano

La decisión fue aplaudida por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos (Usccb). , Monseñor Mario Dorsonville, presidente del Comité Episcopal para la Migración, dijo estar "contento de que esta resolución cree una oportunidad para que muchas personas indocumentadas reciban un estatus legal".

Durante décadas", dijo, "los obispos de EE.UU. han sido defensores de estas reformas", porque "las personas indocumentadas, al no tener estatus legal, a menudo corren el riesgo de ser maltratadas y explotadas". También subrayó que "deportar a millones de residentes de larga duración no sería práctico y sólo serviría para romper familias y perjudicar a las comunidades locales, especialmente cuando tantos tienen hijos y cónyuges que son ciudadanos estadounidenses, poseen casas y negocios, y sirven como trabajadores esenciales". De ahí que la USCCB recuerde que "la integración en la sociedad es la solución moral para estas personas".

Lo que se necesita, por tanto, concluye Monseñor Dorsonville, es "una reforma más amplia de nuestro sistema de inmigración"; sin embargo, "garantizar el acceso al estatus legal permanente y a la ciudadanía para las personas indocumentadas es un paso esencial". Por ello, los prelados piden a la Cámara que "adopte las instrucciones contenidas en la Resolución 14 del Senado y pida al Congreso que incluya, en el próximo proyecto de ley de presupuestos, algunas disposiciones que legalicen, con una vía de acceso a la ciudadanía, a los Dreamers, es decir, a los inmigrantes irregulares que llegaron a Estados Unidos siendo niños siguiendo a sus padres, a los titulares del Estatus de Protección Temporal y a los trabajadores agrícolas indocumentados".