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Isabella Piro - Ciudad del Vaticano

Confrontación y diálogo entre todos los sectores políticos: son los instrumentos invocados por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, en El Salvador, ante el lanzamiento de un estudio para una nueva ley del agua. El 18 de junio, de hecho, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, junto con los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, recibió el proyecto normativo sobre el agua elaborado por el gobierno.

"Espero -subrayó el cardenal- que la ley sobre los recursos hídricos se lleve a cabo con mucha seriedad y con mucho diálogo para buscar la mejor solución para la población". "Espero un debate y una discusión realmente abiertos -añadió- porque el país tiene graves deficiencias en el sector y la gente ya no sabe dónde conseguir agua potable".  

Llamado "Ley de Agua y Saneamiento", el proyecto de regulación es apoyado por "Nuevas Ideas", el partido al que pertenece Ernesto Castro, junto con el izquierdista "Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional" y el conservador "Alianza Republicana Nacionalista". En particular, propone la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) compuesta exclusivamente por representantes del gobierno, elegidos por el Presidente de la República. La ASA podrá autorizar a los particulares el uso o explotación del agua por un período máximo de 15 años, renovable. Pero para las organizaciones ecologistas, esto no es más que un paso hacia la privatización total, contra la que la Iglesia también ha tomado partido en repetidas ocasiones.

Cabe recordar que en abril de 2015, el Gobierno de El Salvador decretó una emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, debido a una prolongada sequía provocada por el cambio climático. A lo largo de los años, ha habido varias propuestas legislativas para la regulación del sector del agua, en particular para la formulación de normas de control y uso del agua potable. En varias ocasiones, la Conferencia Episcopal ha reiterado su no a la privatización, subrayando por ejemplo en 2018 que "el agua no es una mercancía que deba someterse a las reglas del mercado".