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Ciudad del Vaticano

Estar en contra de la eutanasia no significa estar a favor de los tratamientos terapéuticos excesivos ni del sufrimiento innecesario de los enfermos: así aclara, en síntesis, la Conferencia Episcopal de Uruguay (CEU) su posición, tras una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En el centro del debate, llevado a cabo en línea el 12 de mayo, se encuentra el proyecto de ley sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En primer lugar, informa la web del CEU, "la no aceptación de un tratamiento que tiende a prolongar la vida por un corto periodo en medio de mucho sufrimiento no es eutanasia", como tampoco lo es "la sedación paliativa, ya sea profunda, superficial o intermitente". Proteger la dignidad del moribundo significa, por otra parte, "excluir tanto la eutanasia como la obstinación terapéutica", así como "acompañar al paciente que sufre, cuidarlo, aliviar su dolor y ayudarlo para que viva la última etapa de su vida lo más serenamente posible".

El alivio que se puede dar a un enfermo, continúa el CEU, no deriva sólo "de un enfoque técnico-científico, sino también afectivo y emocional", porque "la angustia que provoca la enfermedad no siempre va acompañada de dolor físico, sino de un colapso emocional que muchas veces lleva al paciente a la depresión". Su libertad de elección está, por tanto, condicionada por el hecho de que "cualquier forma de escape es mejor que la situación" que está viviendo. De ahí el llamamiento de los Prelados a fomentar los cuidados paliativos, porque quien pide morir no quiere en realidad la muerte en sí misma, sino que sólo desea "no vivir más en esas condiciones". Y de hecho la experiencia demuestra que "cuando se actúa sobre las causas del sufrimiento, la eutanasia ya no es necesaria".

En esta perspectiva, los Obispos piden "un compromiso decidido" para llevar los cuidados paliativos a quienes los necesitan, para aplicarlos "no sólo en la fase terminal, sino como perspectiva integral de atención en relación con cualquier patología crónica y/o degenerativa". De hecho, son "una herramienta preciosa e indispensable para acompañar al paciente en las fases más dolorosas, crónicas y terminales de la enfermedad". Pero eso no es todo: los cuidados paliativos son "un derecho de toda persona y al mismo tiempo constituyen la expresión más auténtica de la acción humana y cristiana basada en la ética del cuidado", permitiendo "la humanización de la medicina".

El CEU también señala que "en un contexto en el que las cifras de suicidio son de las más altas del continente" es incoherente "naturalizar y justificar tal lacra reconociendo, a través de la ley, un nuevo 'derecho de renuncia a todos los derechos' y permitiendo el suicidio médicamente asistido con una sola causa, la del sufrimiento físico o moral insoportable". Por el contrario, es urgente pensar en "leyes que impidan y no favorezcan esta práctica, en cualquiera de sus formas". Además, los Prelados señalan que el Ddl establece "jurídicamente una categoría de personas a las que se puede matar o ayudar a suicidarse porque están más limitadas en su autonomía, enfermas o sufren", mientras que "a las que están sanas y son autónomas no se les puede matar ni ayudar a suicidarse", porque "su vida tiene un valor social" protegido por la ley. La legislación propuesta, por tanto, acaba sancionando "una discriminación contraria a la igual dignidad inherente a todo ser humano".

"Lo más indigno es matar a una persona -reitera la CEU- cuando en cambio su dignidad exige, en primer lugar, el deber de no matarla" y luego "acciones positivas, como ayudarla, aliviar su sufrimiento y acompañarla". Las leyes que "pretenden legalizar la eutanasia o las que justifican el suicidio y el suicidio asistido con el falso derecho a elegir una muerte definida, impropiamente, digna sólo porque se elige 'libremente' -continúan los Obispos de Uruguay- son gravemente injustas", porque sólo las acciones "acordes con la dignidad representan el ejercicio de un derecho". Por tanto, esta normativa "vulnera el fundamento del ordenamiento jurídico, el derecho a la vida y el ejercicio de la libertad humana". Por lo tanto, morir con dignidad significa, en primer lugar, "no ser asesinado y luego ser sostenido, acompañado, ayudado, aliviado, hasta el final".

Por último, la Iglesia católica uruguaya recuerda que "el grado de desarrollo de un país se mide, sobre todo, por la forma en que trata a sus miembros más vulnerables", por lo que sería "muy triste que, en el momento de mayor fragilidad, cuando el enfermo está más necesitado de compasión, ayuda y acompañamiento, la sociedad uruguaya ofrezca la muerte como respuesta". El encuentro online contó con la presencia de Monseñor Arturo Fajardo, Presidente de la CEU; Monseñor Pablo Jourdan, teólogo moral y experto en eutanasia y enfermedades terminales; el abogado Diego Velazco y la doctora Ana Guedes, oncóloga, licenciada en Cuidados Paliativos y Bioética.

El proyecto de ley en cuestión establece que la solicitud de eutanasia puede hacerla una persona mayor de edad, capaz de entender y con voluntad, que padezca una enfermedad terminal y un sufrimiento irreversible e insoportable, con la opinión de su médico y de otro facultativo, que debe informarle sobre los posibles tratamientos terapéuticos y cuidados paliativos disponibles. La solicitud de eutanasia es siempre revocable sin ninguna formalidad. La objeción de conciencia es posible, pero el médico objetor está obligado a inscribirse en un registro especial para evitar que el solicitante se dirija a él.