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Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

Hay una crisis política en El Salvador, donde el 1 de mayo la Asamblea Legislativa votó a favor de la destitución del Fiscal General y de cinco altos magistrados de la Corte Suprema, considerados hostiles al Jefe de Estado, Nayib Bukele, porque habrían obstaculizado las medidas en higiénico sanitarias establecidas por el gobierno para frenar la pandemia de Covid-19. La acusación fue rechazada por los magistrados, que emitieron una sentencia en la que tachaban de "inconstitucional" la decisión de la Asamblea. Mientras tanto, pide al ejecutivo que reconsidere lo sucedido, porque la destitución de los jueces no se produjo tras el debido proceso. "Hemos seguido los acontecimientos con mucha preocupación -dicen los prelados- acompañando al pueblo y velando por sus legítimos intereses", porque "la paz social en las naciones requiere el esfuerzo de los ciudadanos, pero, sobre todo, de los gobernantes, a partir de un recto ejercicio de las leyes que rigen la nación".

“Aunque hubiese causas suficientes" para destituir a los magistrados y aunque "la Asamblea Legislativa tenga la facultad constitucional para realizar tales destituciones", subraya el Cedes, en cualquier caso, debería haberse celebrado “el debido proceso legal". De ahí el fuerte llamamiento de la Iglesia católica a las autoridades políticas nacionales para que actúen “con cordura”, una “virtud necesaria” en la coyuntura que atraviesa el país, también por la emergencia sanitaria que, hasta la fecha, ha provocado casi 70 mil casos en total y más de 2 mil muertes. Es urgente, subraya la Conferencia Episcopal, la “sabia toma de decisiones capaces de conducir a la nación entera a un estado realmente democrático, como siempre lo ha deseado y clamado el abnegado pueblo salvadoreño”, es decir, "un estado que proteja los derechos fundamentales del ser humano, permitiéndole vivir en un ambiente de paz, justicia, libertad, orden y respeto".

Para no cometer los mismos errores que en el pasado, los prelados instan a mirar el sufrimiento de la población y los "actos arbitrarios cometidos en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI de parte de los distintos actores políticos que le lideraron”. Esto para que el pasado no sea “un congelador de resentimientos, sino la fuente que inspira la transformación del presente para impulsar a la nación a un futuro mejor". La nota episcopal relanza entonces el llamamiento al perdón, que "no es sinónimo de aprobar las injusticias”, ni exigir justicia es sinónimo de “clamar venganza". De hecho, "o los ciudadanos y los actuales gobernantes perdonan las antiguas fallas y las corrigen; o este país estará atado y condenado a una cadena de venganzas, agresiones, resentimientos y odios que impedirán la convivencia y el pleno desarrollo de las actuales y futuras generaciones”.

Como Obispos de la Iglesia, iluminados por el Evangelio y la Doctrina Social, e inspirados por San Óscar Arnulfo Romero, el santo mártir Arzobispo de El Salvador, los obispos apelan a la "libertad para juzgar las decisiones y acciones de los gobernantes, buscando siempre el bien del país, expresando con honestidad y claridad" sus puntos de vista como "un servicio a la paz y la concordia". La esperanza de la CEDES, por tanto, es que se pueda practicar "un sano ejercicio legislativo que promueva la armonía y la equidad, que favorezca el diálogo, promueva la independencia de los tres poderes y el estado de derecho".

Invitando a todos los representantes de las instituciones a trabajar con "entusiasmo y generosidad" en la construcción de un El Salvador "libre de violencia, de impunidad y corrupción, pero bajo el estricto cumplimiento de la ley”, los obispos concluyen su nota afirmando que la nación necesita un cambio de rumbo: “no por caminos de violencia”, sino por los caminos “del diálogo, la comprensión, la fraternidad, la igualdad, la libertad, el orden, la justicia y la paz".