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Lisa Zengarini - Ciudad del Vaticano

"Pedimos a la junta militar de Myanmar que sea razonable y se siente en una mesa de diálogo para encontrar una solución política a la crisis, en lugar de disparar contra sus propios ciudadanos", se lee el comunicado firmado por el obispo Gervas Rozario, en el que se expresa todo el apoyo y la cercanía de la Iglesia de Bangladesh al pueblo birmano.  

"Nosotros también compartimos el dolor y el sufrimiento del pueblo de Myanmar, amante de la paz, que sólo pide el regreso de la democracia, nada más", decía el comunicado. "En nombre de nuestros fieles, nos arrodillamos junto a la hermana Ann Nu Thawng, que el 8 de febrero se arrodilló ante los militares y les rogó que dejaran de disparar a personas inocentes.  Nosotros también sufrimos cuando el pueblo de Myanmar sufre. Nosotros también, como vecinos de Myanmar, sentimos en nuestros corazones el dolor de las privaciones y la opresión de su pueblo. La Iglesia de Bangladesh no puede dejar de experimentar la misma opresión que la Iglesia de Myanmar", añade la declaración.  

Alto riesgo de guerra civil

La esperanza de los obispos bengalíes es, por tanto, que la democracia prevalezca y que el país permanezca unido mediante el diálogo entre todas las partes. De hecho, el riesgo de guerra civil es cada vez más fuerte, acentuado por el nuevo recrudecimiento de las luchas interétnicas en el país.  Un riesgo evocado ayer por el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon, que en un tuit se dirigió al ejército, a los grupos armados y a los manifestantes con este sentido llamamiento: 

El golpe de Estado se ha cobrado ya 600 víctimas mortales 

El número de muertos por la represión desde el golpe de Estado del 1 de febrero se acerca a los 600, incluidos 47 niños. Las fuerzas de seguridad también han detenido a unas 3.500 personas, la mayoría de las cuales siguen detenidas. La lista detallada de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la Junta Militar figura en un informe que se presentará a la ONU para su denuncia pública y para que se estudien las medidas para detenerlas. El expediente contiene 180.000 casos comprobados e incluye más de 540 ejecuciones extrajudiciales, 10 asesinatos de presos mientras estaban detenidos, torturas, detenciones ilegales y uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos. El informe fue elaborado por el CRPH (Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw, Comité de Representantes de la República de la Unión), el grupo de diputados que dimitió de la junta y que es responsable del movimiento de desobediencia civil de los dos últimos meses y que está trabajando en la redacción de un proyecto provisional de nueva Constitución y en la formación de un ejército federal que reúna a los ejércitos étnicos en un solo grupo contra el gobierno militar.

Mientras tanto, el presidente indonesio Joko "Jokowi" Widodo sigue presionando para que se celebre una reunión de emergencia de la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste Asiático) sobre la crisis birmana. Esta iniciativa, con la excepción de Malasia, recibió una tibia acogida por parte de los otros ocho miembros de la asociación regional, más proclives a no interferir en los asuntos internos de un Estado miembro como Myanmar.  

El Papa Francisco también se refirió a la crisis birmana en su mensaje "Urbi et Orbi" para el Domingo de Resurrección, en el que dijo estar "cerca de los jóvenes de todo el mundo y, en esta hora, especialmente de los de Myanmar, que luchan por la democracia, haciendo oír su voz de forma pacífica, conscientes de que el odio sólo se puede disipar con el amor."