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En emitido ayer, los obispos de la Amazonía peruana señalan que sólo en el último año han sido asesinadas en Perú "siete personas comprometidas con la defensa de sus pueblos, sus territorios y sus bosques, la mayoría indígenas". Y dos sólo en las últimas semanas.

Indignación y solidaridad con las familias

Los Obispos expresan su profunda indignación y manifiestan su total solidaridad con las familias, los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, ante la grave situación de amenazas y asesinatos contra indígenas de nuestra Amazonía, quienes defienden y luchan por el respeto de sus derechos, especialmente por su derecho al territorio. “Se ha configurado un escenario que incrementa las condiciones de inseguridad y desprotección de quienes asumen la tarea de la defensa de sus poblaciones indígenas y de sus territorios, y que resulta lamentablemente en el asesinato y el despojo de sus territorios”. Bajo esa premisa que, más bien, es una realidad innegable en el territorio amazónico peruano es que los ocho obispos de la Amazonía del Perú han emitido un mensaje conjunto donde, aseguran, respaldan las solicitudes y el clamor que, desde las organizaciones indígenas y decenas de instituciones que les acompañan, se viene haciendo al Estado. Un clamor de justicia y protección para que cesen las amenazas y asesinatos contra quienes defienden el bosque y el territorio amazónico.

Acaparamiento de tierras y corrupción

Los obispos también señalan que avanza el acaparamiento de tierras, la invasión de territorios comunales, la expansión del narcotráfico, los monocultivos, especialmente de palma aceitera, en diversos lugares de la Amazonía. Todo esto en medio del crecimiento de la corrupción de los funcionarios públicos y el trato discriminatorio hacia indígenas que defienden sus territorios y exigen su titulación.

El comunicado se concreta en los siguientes pedidos hacia el gobierno nacional, así como las instituciones regionales:

1. Retomar, fortalecer y terminar de una manera efectiva con el proceso de titulación, georreferenciación y actualización, redimensionamiento y reconocimiento de los títulos de las comunidades.
2. Terminar con la excesiva burocracia y la corrupción de funcionarios que favorecen el despojo territorial y fragilizan la labor de las defensorías ante las mafias y traficantes e invasores de tierras. Como dice el líder Cacataibo Herlin Odicio, la titulación de una comunidad demora décadas y una concesión forestal un año.
3. Que desde las autoridades del Estado y con los dirigentes de las comunidades nativas y sus organizaciones, se diseñe un plan de vigilancia social y territorial para protegerlas de las redes de narcotráfico, quienes muchas veces, tratan de involucrarles en sus ilícitos, ante la impasibilidad de las autoridades.
4. Realizar una gestión pública desde el Estado, con un enfoque intercultural, de acuerdo a la realidad cultural de los pueblos indígenas y respetando sus derechos para acabar con la discriminación hacia los indígenas en la administración pública.
5. Establecer una política pública y capacitar a funcionarios públicos sobre la protección a las personas defensoras de derechos humanos, particularmente de las indígenas.
6. El Gobierno Central debe articular al Ministerio de Justicia como responsable de la protección de los/as defensores/as indígenas, con las entidades operativas encargadas de brindar las garantías necesarias como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

En la parte final los Obispos de la Amazonía afirman que: “El cuidado de nuestra Casa Común no puede hacerse realidad si se sigue acabando con la vida de los/as defensores indígenas que son los que han hecho posible que, a pesar de los atropellos y la depredación que ha sufrido la Amazonía durante siglos, todavía podamos tener una extraordinaria diversidad biológica y cultural”. Y, en tal sentido, no solo respaldan el clamor de justicia y protección, sino que también exhortan “al Estado a establecer en forma urgente un proceso de diálogo intercultural y de buena fe, con las organizaciones indígenas amazónicas para acabar con las amenazas y las muertes de los/as defensores/as indígenas y con la inseguridad jurídica territorial”.