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Alina Tufani - Pope  

La Conferencia episcopal venezolana (CEV) se hace eco de la preocupación de los Centros Educativos afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) ante la decisión adoptada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), según la cual el pago de la nómina salarial del personal docente, administrativo y obrero de dichos centros se realizará a través de la plataforma administrativa pública conocida como “Sistema Patria”. Dicha decisión unilateral, según explica la nota publicada en el portal del episcopado , “lesiona la autonomía de los Centros Educativos y viola el Convenio MPPE- AVEC firmado el pasado mes de enero entre las dos partes.

Según el Convenio entre el Ministerio de Educación y la AVEC, el Estado venezolano se compromete a enviar los recursos a través de AVEC , que a su vez los canaliza a los diversos Centros Educativos de modo que estos paguen los sueldos y los salarios de sus trabajadores. En este sentido, la AVEC explica que el cambio de la forma de pago salarial afecta gravemente la articulación de las actividades administrativas de los centros educativos que,  como empleadores, son responsables de realizar las contrataciones de personal, ejecutar cambios de cargos, tramitar las solicitudes de jubilaciones, definir las cargas horarias de acuerdo al plan de estudios, controlar la asistencia, verificar los reposos y  además, cumplir con las obligaciones y aportes patronales del personal,  tales como el Seguro Social, Política Habitacional, aporte de Prestaciones Sociales, entre otros. Para la asociación católica, todas estas acciones difícilmente se podrán realizar con eficiencia si se dispersa la fuente de recursos entre la institución, el personal y el Estado.

“El éxito de un modelo educativo – dice el comunicado de la CEV - exige que la gestión directiva, la gestión educativa, la administración financiera y la gestión del personal, ya sea semi-presencial o virtual, estén orgánica y estrechamente articulados. Hasta hoy, los roles compartidos a través del Convenio, hicieron que fuera posible brindar educación de calidad y correspondiente con el contexto”.

De allí que la asociación católica considere que la decisión del gobierno no solo “afecta  la legalidad del Convenio” sino la calidad y funcionamiento de un acuerdo que hasta hoy, tiene más de 31 años seguidos de vigencia  e involucra a 831 Centros Educativos, a más de 35 mil trabajadores y a cerca de 400 mil niños, niñas y adolescentes.  En efecto, desde el año 1976, el Estado Venezolano, mediante el Convenio, ofrece subvenciones a planteles privados inscritos en el Ministerio de Educación, para contribuir, entre otros, al pago de personal de modo que se garantice una educación de calidad, gratuita o a precio convenido con las autoridades públicas, a las poblaciones de escasos recursos.

El Convenio ha permitido al Estado cumplir con su irrenunciable deber garantizar el derecho a la educación establecido en la Constitución Nacional. Pero también ha sido beneficioso para las instituciones católicas inscritas en la AVEC , que han podido asegurar la realización de su misión educadora en los sectores populares y  avanzar en la experimentación pedagógica y educacional en contextos afectados por la pobreza.

La nota de la CEV explica que desde la AVEC solicitó una audiencia con el titular del  MPPE que se realizará, hoy, lunes 15 de marzo, para manifestar la inconformidad que genera esta medida y buscar posibles soluciones en favor de los docentes y los trabajadores.

“Se espera que, en los próximos días, las autoridades puedan revertir la medida y buscar otra solución que mejore la calidad de vida de todos los trabajadores del sistema educativo venezolano, que garantice el cumplimiento del Convenio firmado para honrar el esfuerzo de más de 31 años de diálogo y entendimiento entre el Estado y la Asociación Venezolana de Educación Católica”- concluye el comunicado.