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Isabella Piro - Ciudad del Vaticano

Con 220 votos afirmativos de los demócratas y 211 negativos de los republicanos, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado definitivamente la Ley del Plan de Rescate Americano, el plan de ayuda a la economía lanzado por la administración Biden para combatir los efectos negativos de la pandemia del Covid-19. En total, se han asignado 1,9 billones de dólares, de los cuales unos 800.000 millones se han destinado a apoyar a las familias, con cheques únicos; otros fondos se destinarán a las prestaciones por desempleo y al sector del empleo estatal, mientras que se prevé reforzar durante un año los créditos fiscales para los menores de edad, con el fin de reducir las franjas de pobreza. Por supuesto, también hay medidas para combatir el coronavirus: se invertirán 123.000 millones en tampones, producción y distribución de vacunas y atención sanitaria. Se comprometerán más fondos en el sector educativo, para que las escuelas puedan reabrir con seguridad, en las pequeñas empresas y en el transporte. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos dice estar sólo parcialmente satisfecha con el Plan aprobado, que proporciona, sí, ayuda a los más necesitados, pero no contiene ninguna protección para los no nacidos. "Creemos firmemente que ayudar a los más vulnerables y en riesgo de la pandemia - dijeron los obispos en una declaración - también significa proteger a los niños no nacidos y su derecho a la vida".

"Agradecemos que esta ley aborde muchas cuestiones cruciales - continúan los obispos - porque son disposiciones que salvarán a las personas de situaciones extremadamente desesperadas, protegiendo sus vidas". Sin embargo, la USCCB reitera: "Es inconcebible que el Congreso haya aprobado esta ley sin las cláusulas necesarias para garantizar que los miles de millones de dólares de los contribuyentes se destinen a la asistencia sanitaria para mantener la vida y no para el aborto". A continuación, los obispos señalan que, a diferencia de otros proyectos de ley de ayuda anti-covid, los partidarios de la Ley del Plan de Rescate Americano no incluyeron "la política tradicional de consenso bipartidista para evitar que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar abortos, tanto a nivel nacional como internacional".

La política de consenso bipartidista "era necesaria", recuerdan los prelados, "porque esta ley incluye muchas referencias generales a la asistencia sanitaria que, sin la exclusión expresa del aborto, han sido interpretadas sistemáticamente por los tribunales federales no sólo para permitir, sino también para obligar a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, sin límites significativos". Como resultado, concluye la USCCB, "las muchas disposiciones importantes y que salvan vidas de la Ley del Plan de Rescate Americano se ven socavadas porque esto facilita y financia la destrucción de vidas, lo que es antitético al propósito de la propia ley, que es proteger a los estadounidenses más vulnerables en un momento de crisis."

La nota de los prelados está firmada por el arzobispo José H. Gómez, presidente de la USCCB, y los presidentes de seis comisiones episcopales: el arzobispo Joseph F. Naumann, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida; el arzobispo Paul S. Coakley, presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano; el obispo David J. Malloy, presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz; Mons. Michael C. Barber, presidente del Comité de Educación Católica; Mons. Shelton J. Fabre, presidente del Comité Ad Hoc contra el Racismo; y Mons. Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración.