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Alina Tufani – Ciudad del Vaticano

En Huaquillas, ciudad ecuatoriana fronteriza con Perú, conocida como "Centinela sin relevo" por su situación geográfica sobre el Océano Pacífico y sus antecedentes históricos en la defensa de la nación, hoy pesa el drama humano de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos. Cáritas Ecuador advierte sobre la gravedad de la situación planteada desde que a finales de enero de 2021, el gobierno peruano ordenó la militarización de la frontera para detener a los llamados “caminantes”.

“Exigimos al Estado Ecuatoriano y las autoridades locales a buscar mecanismos de atención a esta población a fin de garantizar su vida y su dignidad permitiéndoles acceder a derechos básicos como seres humanos”, plantea Cáritas Ecuador, en un comunicado publicado en el boletín de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

La nota explica que desde diciembre de 2020, no obstante la pandemia de Covid-19, se incrementó el ingreso de refugiados y migrantes venezolanos por pasos informales en la frontera colombo-ecuatoriana, en la provincia del Carchi, hasta alcanzar alrededor de 35.000 ingresos solo en enero de 2021. Como consecuencia, también se incrementó el tránsito de migrantes hacia la ciudad de Huaquilla que buscan llegar a Perú y países del cono Sur.

Ya a finales de enero 2021, el gobierno peruano decidió militarizar su frontera con Ecuador para bloquear los pasos ilegales o “trochas” utilizadas por los migrantes para entrar al país, cuyas fronteras legales se mantienen cerradas a causa de la pandemia. Más de 50 vehículos del Ejército – entre tanques, carros de combate, blindados, patrulleros – y más de 1.200 uniformados vigilan unos 30 pasos fronterizos ilegales para disuadir la inmigración ilegal. Una presencia masiva de fuerzas armadas que para la Cáritas ecuatoriana ha creado una situación de emergencia humanitaria en la ciudad de Huaquillas.

“Es necesario que los gobiernos prioricen la dignidad y la vida de los seres humanos por sobre políticas migratorias “seguritistas”, que como históricamente se ha demostrado, lejos de reducir la migración de las personas, lo que provoca es la precarización de su situación, poniendo en riesgo su vida y las de sus familias, exponiéndose a varios peligros como las redes de trata y tráfico de personas, afectaciones a su salud y el crimen organizado”, advierte la Iglesia ecuatoriana.

Una evaluación rápida realizada por Cáritas Ecuador en la ciudad de Huaquillas, del 08 al 12 de febrero, revela la vulnerabilidad de la población migrante venezolana formada por mujeres embarazadas, bebés lactantes, núcleos familiares con presencia de niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero también señala una situación crítica para la población local pues la infraestructura de la Huaquillas no está en capacidad de albergar al masivo número de personas que hoy por hoy se encuentran en la localidad.

El estudio presenta además las situaciones de alto riesgo y violación de derechos humanos basados en relatos de migrantes, como el “abuso de poder y actos de corrupción por parte de las fuerzas públicas de seguridad peruana, entre los que se incluye el cobro de entre $30 a $50 por persona para permitirles pasar en algunos puntos fronterizos; y, el uso desmedido de la fuerza contra civiles desarmados incurriendo incluso a devoluciones forzadas de migrantes en la frontera”.

A esto se suma la falta de acceso a información sobre procedimientos especiales de cruce de fronteras y derechos de personas en situación de movilidad humana; el “limitadísimo” acceso a servicios y cobertura de necesidades básicas para la subsistencia y dignidad de las personas como: salud, alimentación, higiene, agua y vivienda.

“La falta de recursos y voluntad política por parte de las autoridades y del sistema público para afrontar esta emergencia está generando que esta situación ponga en riesgo a hombres, mujeres, niñas y niños migrantes, no solo por el contagio de covid-19, sino también por dejarlos expuestos a otros riesgos epidemiológicos con un sistema de salud saturado y desfinanciado sin recursos humanos ni materiales”, denuncia Cáritas Ecuador. 

En este sentido, Cáritas Ecuador mantiene su compromiso de seguir acompañando a los migrantes forzados, en particular, en la restitución y protección de sus derechos.