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Alina Tufani  – Pope

Las tierras de Marina Cué, del Distrito de Curuguaty, tienen su historia escrita con sangre, porque fue allí donde en julio 2012, once campesinos y seis policías perdieron la vida tras un operativo de desalojo de campesinos de esas tierras de dominio público. La conocida como la masacre de Curuguaty, enlutó al país, le costó la presidencia al entonces mandatario Fernando Lugo y dejó huellas imborrables para decenas de familias paraguayas.

En estos días, la situación de los campesinos de esa región volvió a la palestra nacional luego de que el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez vetara totalmente el proyecto de Ley 6700/2020, promulgado en diciembre pasado por el Congreso, según el cual unas 1.700 hectáreas actualmente gestionadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se transferirían en favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en el marco de una reforma agraria. Estas tierras serían luego adjudicadas a unas 160 familias que las reclaman desde hace años.

El Obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, monseñor Guillermo Steckling, en cuya jurisdicción eclesiástica se encuentran las tierras mencionadas, en un comunicado publicado ayer en el portal de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) exhorta a los legisladores a rechazar el veto del Ejecutivo, ratificar la ley y ponerla en vigencia en favor de las poblaciones beneficiadas.

Al mismo tiempo, el prelado paraguayo llama al Poder Ejecutivo para que favorezca el desarrollo integral de la población asentada en dichas tierras con políticas públicas en términos de infraestructura, acompañamiento técnico y apoyo financiero para la producción sustentable, en armonía con el medio ambiente.

En la nota, monseñor Steckling cita las palabras del Papa Francisco que en su carta encíclica habla sobre el derecho natural de todo campesino de poseer “un lote racional de tierra” donde establecer su vivienda, trabajo y familia. Además, el Pontífice escribe:

Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio, sino real. Lo cual significa que, además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización

A la luz de este derecho, ya reivindicado por los obispos paraguayos desde  1983, y refrendado por el magisterio de Francisco, el obispo de Ciudad del Este manifiesta su confianza en que los “hermanos campesinos beneficiarios de las tierras sabrán demostrar con su trabajo responsable que es posible producir y desarrollarse en armonía con el medio ambiente, siendo celosos custodios del cuidado de la casa común".

Los argumentos que llevaron al veto total del Ejecutivo, inicialmente favorable al proyecto de ley, fueron los cuestionamientos de diversos sectores y las autoridades ambientales respecto al daño que podría ocasionar la promulgación de la iniciativa a una reserva bosquiva aledaña al territorio en reclamación y la violación de la reciente promulgación de la ley de “Deforestación cero”.

La semana pasada, 160 familias campesinas viajaron hacia la capital paraguaya para protestar en la Plaza de Armas de Asunción contra el veto del proyecto y su derecho a que se cumpla una “reivindicación histórica”, tras la masacre.

Y ayer, miércoles 3 de febrero, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, decidió aplazar la discusión y estudio del caso hasta marzo, tras el receso parlamentario. Por su parte, el ministerio de tierras (Indert) manifestó que negociará con esas familias a fin de reducir a la mitad, unas 800 hectáreas, la adjudicación de tierras, de modo que no se viole la reciente ley de deforestación cero.