蜜桃交友

Isabella Piro - Ciudad del Vaticano

Un no rotundo a "las acciones que atentan contra la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados": es lo que dice el Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y el Caribe (JRS Lac) en una nota en la que deplora las medidas implementadas por las autoridades colombianas para impedir la entrada irregular al país de migrantes procedentes de Venezuela. Deplorando, en particular, el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad en Bogotá, el JRS insta al gobierno colombiano a "implementar las medidas globales necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria". Asimismo, los jesuitas destacan "la necesidad de aplicar los mecanismos de protección de los derechos humanos, ratificados por Colombia, con especial atención a la garantía de acceso al territorio y al mecanismo de determinación de la condición de refugiado". En particular, el JRS recuerda la "Declaración de Cartagena": redactada en 1984, amplía la definición de refugiado a las personas que huyen de su patria porque "su vida, su seguridad o su libertad están amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, las violaciones masivas de los derechos humanos u otras perturbaciones graves del orden público".

"La frontera colombo-venezolana es una frontera viva -continúa la nota de los jesuitas- atravesada por una cultura compartida". Partiendo, pues, del "reconocimiento de este tejido que une a dos naciones", el JRS insta a "respetar y promover esta dinámica, en una relación recíproca entre los Estados, para proteger esta interacción natural, cultural e histórica que representa la identidad de los habitantes de las regiones fronterizas". También se hace un llamamiento a "todos los hombres y mujeres de la frontera" para "promover una cultura de la hospitalidad", de "convivencia e integración", superando las dificultades y acercándose "a través de la reconciliación y la práctica de la sana convivencia".

Según los últimos datos, los inmigrantes venezolanos en Colombia se acercan a los 2 millones, de los cuales cerca del 55% son inmigrantes irregulares. Lo que provocó el éxodo de Caracas desde 2015 fue la grave crisis política, económica y social del país. Pero una vez en Bogotá, los venezolanos corren el riesgo de ser reclutados por grupos armados o de acabar trabajando en cultivos ilegales, sufriendo discriminación, violencia sexual y prostitución forzada. A menudo obligados a vivir en condiciones difíciles, sin acceso al agua y en malas condiciones sanitarias, los inmigrantes corren ahora más riesgos a causa de la pandemia de Covid-19: como ha anunciado el presidente colombiano Iván Duque, de hecho, sólo se les vacunará si cumplen la ley de inmigración.